Contentos con el final de la vía penal, Salhaketa abrirá ahora una vía administrativa para que Mariano Merino, ex subdirector de la cárcel de Langraiz, sea apartado inmediatamente de su puesto de trabajo. El Tribunal Supremo español condenó hace escasos días a Merino a dos años de prisión, 12 años de inhabilitación absoluta y a pagar 6.000 euros de indemnización por abusos sexuales a varias presas. Aunque Merino podría recurrir al Constitucional o, incluso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la sentencia es firme y debe ser ejecutada inmediatamente.

Desde Salhaketa valoraron positivamente la decisión del Supremo ante los recursos presentados por parte de dos de la presas y del propio acusado, que pedía su libre absolución. No obstante, los coordinadores de la asociación Marta Aldanondo y Carlos Hernández criticaron la actitud de la Fiscalía. A su juicio, «ha ejercido como segunda defensa del acusado, lo vimos durante la instrucción, lo comprobamos en la vista oral y lo hemos vuelto a comprobar en el Supremo donde han vuelto a pedir la absolución del acusado».

Aldanondo y Hernández afirmaron desconocer si en la actualidad el ex subdirector de seguridad de la cárcel alavesa sigue ejerciendo su labor como funcionario o no. «Lo último que sabemos es que en la vista oral dijo que ejercía labores de educador en algún centro de Canarias», aseguraron.

Aunque desde Salhaketa han ido remitiendo la información relevante de este caso a Instituciones Penitenciarias para que tomasen las decisiones oportunas, no han obtenido ninguna respuesta. Por ello, ahora han decidido abrir una vía administrativa para que la institución dirigida por Mercedes Gallizo aparte cuanto antes al funcionario de su puesto de trabajo.

En la valoración no quisieron pasar por alto, sobre todo, «la valentía» de la primera mujer que se atrevió a denunciar los abusos en marzo de 2005.