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La agenda neoliberal no descansa
Es importante analizar los objetivos de la propuesta que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha hecho al Estado español para que endurezca aún más las condiciones de acceso a las pensiones. El llamado «Club de los países ricos» se ha adelantado al recorte de derechos que prepara en este terreno el Gobierno de Madrid, planteando que la edad de jubilación debería ir incluso más allá de los 67 años, que haya que trabajar más de 35 años para acceder a la pensión completa o que se tome en cuenta toda la vida laboral para calcular las pensiones. El primer objetivo de ese informe puede ser, directamente, facilitar al Gobierno de Rodríguez Zapatero una reforma que, aun siendo menos drástica que la propuesta por la OCDE, no deja de ser muy dañina para las clases populares. A medio plazo la propuesta plantea una tendencia muy peligrosa y pretende así marcar la agenda política y económica de los diferentes gobiernos.
Respecto a las pensiones, hay que decir que su sostenibilidad depende en gran medida de la riqueza que es capaz de generar un país. Asumir que un país determinado no podrá mantener su sistema de pensiones públicas a medio plazo supone plantear que la capacidad potencial de ese país de generar riqueza es muy baja. En este punto la OCDE dice que su objetivo es que los mercados recuperen su confianza en el Estado español, pero comparte hipótesis con los mercados: probable quiebra.
En todo caso, no es necesario ser economista para ver que el principal problema socioeconómico del Estado español no son las pensiones de 2050. Su desempleo es inasumible para un país desarrollado; sus salarios, mínimos, apenas dan para subsistir a un porcentaje importante de la población; la mujer está discriminada en el mercado laboral; el reparto de la riqueza es cada vez más desigual; no tiene servicios sociales suficientes y los sistemas educativos y de salud públicos están en franca involución; la productividad resulta baja; el mercado negro, la fiscalidad regresiva y el fraude provocan un desajuste estructural... La reforma de las pensiones sólo puede recrudecer esta realidad social.