Enero de 2008. Igor Portu y Mattin Sarasola son brutalmente torturados mientras permanecen incomunicados. José Bono «aconseja» a la guardia civil: «... que no haya bajas... si tiene que haberlas que no sean nuestras». Realiza un llamamiento: «Pediría a todos los españoles que se imaginen que son padres de ese guardia civil o de esa guardia civil... que lo piensen y que se pongan de parte de quien tienen que ponerse».

Enero de 2009, la presidenta de las comisiones militares de Guantánamo, Susan Crawford, reconoce que un gran número de detenidos había sido torturado. En declaraciones a «The Washington Post», confiesa: «Torturamos a Qahtani. Su tratamiento se ajusta a la definición legal de tortura. Y es por eso que no remití su caso al tribunal».

Mayo de 2010. La Audiencia Nacional determina que las declaraciones policiales en las que Sarasola se autoinculpa de un atentado «se verifican de forma libre y espontánea, y bajo el total respeto de sus derechos constitucionales». A Crawford no le eran del todo ajenas las ideas expuestas por Thomas Hobbes en «Leviatán». No puede decirse lo mismo de la AN, para la que sí «debe reputarse como testimonios a las acusaciones bajo tortura».

Enero de 2011. Cuatro de los quince guardias civiles juzgados por las torturas infligidas a Portu y Sarasola son condenados a penas irrisorias: Juan Jesús Casas García, sargento del Grupo de Acción Rápida (GAR); José Manuel Escamilla Martín, cabo del GAR; Sergio García Andrade, agente; y Sergio Martínez Tomé, guardia civil. No sólo deben ser juzgados y condenados quienes torturan, también deberían serlo quienes hacen apología de la misma y quienes la amparan políticamente.