ETA ha respondido a las declaraciones de Bruselas y Gernika en términos positivos e inequívocos. Por un lado, asume las peticiones que la comunidad internacional le había realizado, de la mano de cuatro premios Nobel y de otras importantes personalidades, declarando un alto el fuego permanente, verificable por esa comunidad internacional y además gene- ral. De esa manera, añadiendo el término «general», ETA deja claro que durante el periodo abierto no se darán situaciones que puedan ser utilizadas para cuestionar la profundidad de su apuesta por un proceso democrático. Por otro lado, la organización armada no se limita a expresar su «voluntad» de que el camino abierto termine con el «enfrentamiento armado», sino que hace público su «firme compromiso» con esa vía y sitúa sus decisiones como parte de ese camino. Responde así a la Declaración de Gernika, en la que numerosos agentes políticos y sociales vascos le pedían que diese pasos que posibilitasen otro escenario.

En consecuencia, sólo quienes se sitúen por principio contra las declaraciones de Bruselas y Gernika pueden valorar negativamente la decisión de ETA hecha pública ayer. Pero, ¿qué dicen esas declaraciones para que alguien se posicione en contra de ellas?

En primer lugar, la Declaración de Bruselas supone la aceptación a nivel internacional de que el vasco es un conflicto político y que, por lo tanto, su resolución debe venir de la mano de la negociación en los parámetros establecidos internacionalmente para este tipo de casos. Todo ello en un momento en el que el Gobierno español pretendía negar la dimensión política y utilizar la sentencia de Estrasburgo sobre las ilegalizaciones para hacer una política de tierra quemada con los derechos políticos y civiles de los independentistas vascos.

Por su parte, en el «Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas», los firmantes de la conocida como Declaración de Gernika se comprometían a promover un escenario democrático y de soluciones, para lo que exigían a ETA y al Estado pasos concretos. Asimismo, apostaban por un diálogo basado en los principios Mitchell, que busque un acuerdo incluyente «entre todas las culturas políticas del país, sobre el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca como del derecho a decidir, y el respeto de la voluntad popular democrática sobre el modelo jurídico-institucional interno, y sobre el tipo de relación con los estados». Una agenda que ahora tiene aún mayor vigencia y vigor. Frente a ello el Estado español pretendía criminalizar el independentismo, defendiendo un esquema de rendición y buscando de manera peligrosa e irresponsable un cisma en la izquierda abertzale.

Por último, nada en ese escenario es comprensible si no se tiene en cuenta la apuesta estratégica realizada por la izquierda abertzale que, una vez más, ha conseguido revertir una situación política que cerraba las puertas a la resolución del conflicto en parámetros de justicia, igualdad, paz y estabilidad. Las declaraciones de Altsasu e Iruñea, junto a los documentos «Clarificando la fase política y la estrategia» y «Zutik Euskal Herria», fueron las primeras señales de que verdaderamente se está abriendo un nuevo ciclo político.

Presión mal gestionada

La primera reacción al comunicado por parte del Gobierno español resultó decepcionante no por ser previsible, sino por ser poco inteligente. Alfredo Pérez Rubalcaba, ejerciendo antes de ministro de Interior que de portavoz del Gobierno, hizo un discurso negativo, cuando lo que precisamente les demandaba la Declaración de Bruselas era una «respuesta positiva». No conforme con repetir todos sus mantras sobre la política vasca y hacer retórica fácil -respondiendo las preguntas que él mismo se hacía mientras no permitía las de los periodistas-, se permitió el lujo de despreciar y deslegitimar la verificación por parte de la comunidad internacional. Intentó así volver a situar el conflicto vasco como un problema interno y de seguridad. Ese estadio ya ha pasado y todo esfuerzo por regresar a él sólo puede significar sabotaje y derivar en descrédito. La situación general de Estado español no es propicia para despreciar a la comunidad internacional. Es de esperar que se imponga la prudencia y se module un discurso más acorde con una coyuntura realmente histórica. La presión está en este momento sobre el Gobierno español, aunque intente ocultar esa realidad.

Por último, la ausencia de violencia -o incluso de amenazas- por parte de ETA vuelve a mostrar los verdaderos parámetros del conflicto y de su resolución, tal y como se recogen en la Declaración de Gernika. Es el Estado español el que niega a la ciudadanía vasca el derecho a decidir libremente su futuro. Es el Estado el que segrega a los ciudadanos en base a su ideología y su identidad nacional. Por no hablar de la crueldad con la que lleva a cabo esa misión. En definitiva, el Estado no acepta el principio democrático de una persona un voto ni la lógica de las mayorías y las minorías. Cambiar eso exige paciencia, perseverancia y una estrategia clara. Quien se opone a ese cambio lo hace por sus intereses, en defensa de unos privilegios y no por el bien común.