El 28 de enero de 2011 el Gobierno español aprobará una nueva reforma de pensiones atacando así, una vez más, a los derechos del conjunto de la clase trabajadora y propiciando un «marco de daños colaterales excepcionales» para las mujeres.

En un momento en el que el Gobierno español apela a la responsabilidad colectiva como argumento base de su estrategia propagandística, identificando como un acto de irresponsabilidad el decir «no» a los cambios planteados, las mujeres abajo firmantes os proponemos una lectura feminista de esta reforma.

Aunque los discursos políticos y económicos insisten en que la reforma del actual sistema de la Seguridad Social es un mero ajuste técnico y un mal necesario, dicha reforma conlleva el desmantelamiento del ya escaso modelo público de protección social. Además, la implantación de las medidas derivadas de la reforma propuesta aumentará las desigualdades e implicará una regresión de los derechos y garantías sociales básicas hasta ahora conquistadas. Dichas medidas afectarán gravemente a las mujeres y a todas aquellas personas que viven situaciones de precariedad laboral y discriminación.

Un precio demasiado alto a pagar para satisfacer los dictados del capital y los mercados financieros, entre ellos la banca que se verá generosamente recompensada con el negocio de nuestras pensiones. De esta forma, se premia, paradójicamente, a los mismos que nos llevaron a la situación que ahora padecemos y que, desde luego, no contemplan revertir la desigualdad estructural y endémica entre sexos.

Con relación a las medidas planteadas y a su contribución al incremento de las ya preocupantes desigualdades entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo, llamamos vuestra atención sobre los siguientes puntos:

1. Aumento de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y aumento del número de años de cotización para tener derecho a una pensión contributiva.

Aumentar el número de años exigidos para percibir una pensión contributiva supondrá dejar cada vez a más personas sin derecho a pensión. Afectará de forma generalizada a las mujeres al tener éstas, muy a menudo, trayectorias laborales discontinuas como resultado de la discriminación que conlleva la exigencia de compaginar el trabajo reproductivo y el productivo: contratos a tiempo parcial, períodos de excedencia para dedicar el tiempo a cuidar a personas dependientes o colectivos específicos como las trabajadoras del hogar, mujeres baserritarras y un largo etcétera.

2. Reducir la cuantía de la pensión a la que se tiene derecho en función del número de años cotizados.

Se exigirán más de 35 años para percibir el 100% de la pensión y todas las personas que no lleguen a ese período de cotización verán su pensión seriamente reducida.

En el caso de las mujeres, la discontinuidad en sus trayectorias laborales, las jornadas reducidas, su mayoritaria presencia en trabajos vinculados a la economía sumergida, tendrá como consecuencia que muchas se queden sin el derecho de percibir una pensión, o que reciban pensiones miserables. Merece en este punto hacer una mención especial al colectivo de trabajadoras de hogar que ni tan siquiera está integrado en el Régimen General de la Seguridad Social o el caso de las mujeres baserritarras las cuales ni siquiera pueden darse de alta en este régimen por tratarse de un seguro autónomo previsto para la unidad familiar; por lo tanto, un derecho derivado y no individual.

3. Eliminar la obligación de que las pensiones mantengan el poder adquisitivo.

Se plantea la posibilidad de que las pensiones no se revaloricen cada año en función del IPC. Es decir, no se garantiza el poder adquisitivo de las personas.

Si ya actualmente gran parte de las mujeres pensionistas tienen mermada su capacidad adquisitiva y se encuentran en muchos casos en los umbrales de pobreza, con este tipo de medidas se les condenará a unas condiciones de vida todavía más precarias e indignas.

Estas realidades que se avecinan nos preocupan y nos obligan a realizar lecturas feministas compartidas y a unir fuerzas ante esta embestida flagrante contra nuestros derechos. Por eso, ésta es nuestra posición:

-Rechazamos esta nueva rebaja de derechos que se escuda tras la idea de «reforma necesaria», la cual pretende ser aprobada sin un debate real y sin un tiempo de estudio y análisis previo necesario. Sin embargo, apoyaremos reformas estructurales que conduzcan a una dignificación de las condiciones de vida y de trabajo de todas las personas, con independencia de su sexo y/o pertenencia étnica.

-Defendemos que se cree un empleo de calidad y unas condiciones de vida dignas para todas y todos.

-Apostamos por un sistema público de pensiones que garantice el sostenimiento y disfrute de la vida.

-Luchamos por la puesta en marcha de infraestructuras públicas de cuidado que ayuden a garantizar nuestra igualdad de derechos y oportunidades, y exigimos la paralización de la privatización general de los servicios sociales.

-Apoyamos la elaboración de un marco vasco de relaciones laborales y de protección social basado en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Como un acto de responsabilidad y denuncia conjunta, queremos hacer valer este documento que hoy de manera pública reproducimos que hace constar a su vez, la suma de nuestras voces a la llamada a la huelga general convocada en Hego Euskal Herria por la mayoría sindical vasca (ELA-LAB- STEE/EILAS- EHNE- HIRU) para el próximo 27 de enero.

La necesidad de movilización ante esta nueva ofensiva neoliberal nos convoca a esta cita como una oportunidad para tejer redes y para responder desde la calle a las lógicas injustas impuestas por los mercados internacionales y acatadas por los gobiernos de turno. Unas lógicas injustas, que incrementan las desigualdades y que afectan, cotidianamente, a mujeres y hombres de nuestro país.

(*) Junto a Mari Jose Martínez, Mari Luz Esteban e Izaskun Guarrotxena, firman este artículo Nekane Jurado (economista, Elkartzen), Teresa Sáez (técnica de Igualdad), Isabel Otxoa, Silvia Gay, Mari Luz de la Cal, Yolanda Jubeto, Lourdes Méndez, Irantzu Mendia, Rosa Andreu, Idoye Zabala (profesoras de la UPV/EHU), Itziar Hernández (responsable de documentacion Hegoa, UPV/EHU), Gloria Guzmán (feminista inmigrante), Begoña Zabala (militante feminista), Teresa Zabalegi (abogada y representante de la Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Sexista)