Arantxa MANTEROLA I

Definitivamente, la actividad industrial desarrolla en el recinto portuario que abarca terrenos de Baiona, Bokale y Tarnos, no cesa de generar desconfianzas y controversia. Ahora es el posible tráfico de nitrato de amonio técnico (NAT) que la empresa de productos químicos Yara de Pardies (en la cuenca bearnesa de Lacq) plantea efectuar a través de la desembocadura del Aturri el que ha encendido el debate.

Hasta hace poco la empresa, perteneciente a un grupo químico noruego, hacía transitar sus productos por el Mediterráneo, pero el cierre de la sociedad vecina Celanese que le proveía en amoniaco (materia prima para fabricar el NAT) le ha obligado a reorganizar sus importaciones y exportaciones. De ahí su propósito de utilizar en el futuro las instalaciones portuarias labortanas para transportar los abonos que contienen esa materia peligrosa, en principio, a razón de un cargamento de barco al mes.

En cuanto se ha conocido la noticia, los electos de los municipios afectados -incluida Angelu cuyo puerto de recreo se encuentra frente al muelle por el que transitaría el producto- han reaccionado enérgicamente. Y es que enseguida han relacionado los posibles riesgos con la catástrofe ocurrida por la explosión del mismo tipo de producto en la empresa AZF de Toulouse hace una década y en el que fallecieron 30 personas, resultaron heridas varios cientos y la zona industrial y decenas de viviendas adyacentes quedaron arrasadas.

Temor al efecto dominó

Además, el temor de los responsables políticos se ha acrecentado al comprobar que el muelle que utilizaría Yara se encuentra entre otras dos instalaciones industriales (una acería y un depósito de petróleo y productos químicos peligrosos) lo que podría, en caso de accidente, generar un efecto dominó de consecuencias incalculables.

Pero no ha sido ése el único motivo del fuerte rechazo. El sigilo y la opacidad con los que han actuado tanto los responsables del puerto (la Cámara de Comercio e Industria-CCI) como las autoridades regionales y estatales competentes (Departamento de Medio Ambiente y de ordenación territorial -DREAL- y Prefectura) no han hecho más que aumentar el enfado de electos y de asociaciones medioambientales como el CADE, que llevan años exigiendo una reglamentación global del tráfico de materias peligrosas que no acaba de llegar.

Los electos tuvieron conocimiento del proyecto de Yara en la reunión del Consejo Portuario de finales de noviembre. Para entonces, la CCI y el prefecto Philippe Rey, recientemente sustituido, llevaban meses tratando el tema prácticamente a escondidas. De hecho, el propio director de Yara, Philippe Michiels, afirmaba en la revista «L'Usine Nouvelle» que el dossier está «técnicamente cerrado» y que esperaba que «los intereses electoralistas no lo vayan a obstruir».

Pues, por el momento, el nuevo prefecto, François-Xavier Ceccaldi, ha demorado tres meses la decisión sobre la autorización, es decir, hasta que las elecciones cantonales de marzo se hayan celebrado. Al parecer, la airada oposición de los electos de todas las tendencias políticas y su exigencia de que el proyecto se estudie y debata en profundidad antes de pasar a los hechos, no le han dejado margen de maniobra por lo que ha preferido evitar que se politice el tema que, a buen seguro, volverá a la palestra tras los comicios. No en vano la cantidad de NAT que se prevé transitar es diez veces superior a la que explotó en AZF ... por barco.