La conmoción social que ha levantado el anuncio de reforma de las pensiones de jubilación demuestra que la vejez que nos espera, y cómo vivirla lo mejor posible, es una preocupación general. El poder financiero lleva años poniendo de relieve el envejecimiento de la población y su incremento futuro y, con alguna que otra trampa en las estimaciones, los datos son innegables. Lo que nos separa son las consecuencias que se deben extraer del fenómeno. El que vivamos muchos años por encima de los 65 genera algunas necesidades de atención que deberían formar parte de las prestaciones de la protección social y que amplían la exigencia de una buena vida en la vejez, más allá de la cuantía de la pensión de jubilación.

Las limitaciones importantes en la capacidad de autocuidado, eso que llamamos dependencia, no están ni de lejos cubiertas por el sistema de protección social y no hay pensión de jubilación suficiente para proveer el cuidado personal privado. En esta situación de dependencia las mujeres doblan a los hombres por su mayor longevidad. Por ahora, el ahorro en el sistema de protección a la dependencia se realiza a costa del cuidado que proporcionan mujeres, gratuitamente, o cobrando la prestación económica por cuidado en el entorno familiar, que no llega ni al salario mínimo y se da casi en el 50%. Esta prestación se recortó en el decreto de mayo de 2010 para la reducción del déficit público.

¿A qué responde el ataque a las pensiones públicas? No a la urgencia de combatir un déficit inexistente en el sistema de pensiones: el Fondo de Reserva tiene un superávit de 62 mil millones de euros y según las previsiones del mismo Gobierno español seguiría aumentando hasta el 2023. ¿Hace inevitable el envejecimiento demográfico la reducción de las pensiones y el aumento de la edad de jubilación? La respuesta es claramente que no. Es cierto que el aumento del número de las personas jubiladas va a dar lugar a un aumento del gasto en pensiones -según la Unión Europea del 8,9% del PIB al 2010 al 15,1% previsto en el 2060-, pero el aumento previsible de la productividad permite afirmar que lo sobrante de lo producido tras pagar las pensiones será en valor constante muy superior a la cifra actual, según V. Navarro.

La focalización sobre el aumento a 67 años de la edad de jubilación está dando lugar a una reacción puramente defensiva, obviando que la situación actual no es buena en cuanto a la edad de jubilación, porque la misma es ya demasiado elevada. El discurso sobre el aumento de la esperanza media de vida no tiene en cuenta que la misma es una media y que las diferencias son muy elevadas entre las diferentes clases y grupos profesionales. Además, la jubilación no debe ser sólo para vivir, sino para gozar cuando todavía se tiene buena salud. Según un informe de 2010 del Ministerio de Sanidad, después de los 65 años de edad, la esperanza de buena vida, un índice que pondera la «esperanza de vida libre de discapacidad» con la percepción que tienen las personas de su estado de salud, es de otros 8,6 años más para los hombres y de 7,2 para las mujeres, por lo que el atraso a los 67 años, dejaría pocos años de disfrute de la jubilación. Por ello es necesario no sólo no aumentar sino reducir la edad de jubilación, especialmente para quienes han empezado a trabajar muy jóvenes y en malas condiciones de trabajo. Además, el mantenimiento en el empleo de las personas mayores supondrá un bloqueo para el acceso al mismo de los más jóvenes, cuya tasa de desempleo en Hego Euskal Herria alcanzaba el 32% en el segundo trimestre del 2010.

La oferta de Zapatero de mantener la edad de 65 años para quienes alcancen los 41 años de cotización, hoy día cubriría a pocas personas y a menos aún en el futuro próximo. El anuncio de aumentar de 35 a 37 los años de cotización para alcanzar el 100% reducirá las pensiones de la mayoría (especialmente de las mujeres, que actualmente se jubilan con con 30 años de promedio). También se reducirán las pensiones de quienes tengan menos años de cotización, si se adopta la recomendación del Pacto de Toledo, que propone que los años cotizados valgan lo mismo, lo que para una cotización de quince años reduciría el porcentaje de la pensión del 50% actual al 42,87%, después de haber sufrido ya en 1997 un descenso del 60% al 50%.

El aumento del desempleo y la política empresarial de despido de las personas de más edad para sustituirles por jóvenes con contratos más precarios y más baratos, da lugar a una tasa de empleo muy baja en el tramo de 55-64 años de edad (en la CAV, del 55,2% para los hombres y del 30,3% para las mujeres). La protección de las prejubilaciones a través del subsidio de desempleo para mayores de 52 años es mínima sino va acompañada de complementos decentes a cargo de las empresas, lo que sólo abarca a una pequeña parte de la población trabajadora. Quien accede a la jubilación anticipada sufre una penalización de hasta el 40% de la pensión y ello aunque haya cotizado 40 o más años. A quienes puedan mantener el empleo y deseen jubilarse el aumento de la edad de jubilación les ocasionará más sufrimiento.

En los últimos años se han hecho reformas a la baja de prestaciones de la Seguridad Social, que no han tenido gran eco social porque afectaban a minorías en débil situación para responder. Es el caso de la incapacidad temporal, que en diciembre de 2001 sufrió una rebaja radical para las personas que enferman estando en desempleo, o la pensión de incapacidad permanente, que en diciembre de 2007 sufrió también una disminución en el caso de quienes con 30 o más años de edad no tengan un largo historial de cotización.

Respecto a lo que viene, junto a las medidas ya conocidas, el informe de la Comisión del Pacto de Toledo propone eliminar la cobertura de vacíos, que consiste en rellenar con la base mínima los huecos que generan los meses no cotizados. Estos vacíos que en el futuro se propone llevar a cero, suceden en los periodos de paro sin prestación o con el subsidio no contributivo (salvo el de mayores de 52 años), o en las excedencias para el cuidado (salvo dos años por hijos y un año por cuidado de mayores) lo que bajaría las pensiones de jubilación y también las de incapacidad permanente de quienes tienen interrupciones en sus trayectorias de cotización. También se propone algo que podría bajar las pensiones contributivas mínimas (601,40 euros mes), que son las que reciben hoy la tercera parte de las mujeres jubiladas: se propone que nadie reciba un complemento a mínimos superior a la pensión no contributiva (347,60 euros mes). Esto perjudicaría especialmente a quienes cumpliendo los quince años exigidos para la jubilación tienen poca cotización en el periodo anterior a solicitar la pensión; podrían recibir pensiones mínimas aún inferiores a las actuales.

El panorama actual de las pensiones de las mujeres en parte es herencia de los obstáculos legales y de todo tipo para acceder al empleo durante el franquismo, por lo que el 93% de los pensionistas de viudedad son mujeres, y además el 35% de las viudas cobra la mínima. Por otra parte, la pensión de jubilación de una mujer es el 59,3 % de la de un hombre, pero el dato es un promedio y podría pensarse que la desigualdad desaparece en las nuevas pensiones. No es así, las mujeres que se jubilaron en el año 2009 entre los 60 y 64 años de edad, reciben una pensión del 67,7% de la de los hombres. La diferencia se explica por la concentración de las mujeres en sectores de salarios bajos, el trabajo a tiempo parcial y las interrupciones de cotización en periodos dedicados al cuidado. Según la Estadística de Renta Personal y Familiar de la CAV de 2006, la renta del trabajo del conjunto de las mujeres entre los 25 y 49 años era un 41% inferior a la del conjunto de los hombres de su edad, y las diferencias se ahondan progresivamente a partir de los 50 años; estas son las desigualdades que luego traducen las pensiones. El principio de contributividad según el cual una pensión digna exige una dedicación larga e intensiva al empleo castiga especialmente a las mujeres.

En las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo se habla de la igualdad de género como objetivo, pero las medidas que se proponen alientan la división sexual del trabajo dentro de la familia. Proponen que en caso de ruptura se reconozcan a la mujer a efectos de cotización periodos de tiempo dedicados a los negocios del matrimonio. Se reconoce la gran cantidad de situaciones de economía sumergida en los sectores del trabajo autónomo, rural, comercio y hostelería, en los que sólo el varón está de alta en la Seguridad Social, pero se sacarían a la luz sólo en caso de ruptura matrimonial.

El único principio que menciona la Comisión es el de «a igual desempeño igual retribución», que dentro de los factores de desigualdad entre mujeres y hombres es el menor; el problema principal es la falta de control de los procesos de selección, que permite discriminar cuanto se quiera a las mujeres en el acceso a la empresa privada, o la oferta de trabajo a tiempo parcial, que además tiene especiales subvenciones de cotización a partir de la crisis. Como medida para favorecer la igualdad de género, la Comisión propone ampliar los periodos reconocidos como cotizados cuando se han dedicado al cuidado, lo que está bien a condición de que también los hombres los utilicen, lo que significa aumentar los permisos obligatorios e intransferibles para ellos.

El 8'5% de la población ocupada de mujeres trabaja en el empleo doméstico y más de la mitad no está de alta en la Seguridad Social. Su régimen especial lleva sin transformaciones importantes desde 1969, y tiene las pensiones más bajas del sistema; esta reforma casi en lo único que les puede perjudicar es en la rebaja del complemento a mínimos, que cobra un 58% de ellas. Una de cada tres trabajadoras domésticas que trabajan internas cuidando personas no tiene papeles y no puede estar de alta en la Seguridad Social. Este hecho, conocido, forma parte de una estrategia de mantenimiento de una parte de los servicios de cuidado en la economía sumergida.

La actual crisis financiera ha traído consigo grandes pérdidas para los fondos de pensiones entre 2008 y 2010, que alcanzó en el 2008 el 23% en el conjunto de la OCDE. Su rentabilidad promedio en el Estado Español en los últimos 10 años ha sido inferior a la inflación y se vuelve negativa cuando se unen los gastos de administración que cobran las instituciones financieras. La única forma de atraer a las pensiones privadas de capitalización es concederles un ventajoso trato fiscal, que favorece a las rentas más altas, que pueden eliminar la aplicación del tipo marginal más alto, del 45%, sobre las cantidades aportadas. Aunque la desgravación en el momento de la aportación se acompaña con la tributación posterior como renta de trabajo cuando se percibe como pensión, será gravada a un tipo marginal inferior, ya que durante la jubilación la renta suele ser menor que en el periodo en actividad. Además, en la CAV, se mantiene la posibilidad de no tributar por el 40% si se percibe en forma de capital, lo que se puede repetir cada cinco años. Además de las ventajas para las personas individuales, las contribuciones empresariales a los Planes de Pensiones del sistema de empleo son deducibles en el Impuesto de Sociedades. Los servicios de gestión y depósito quedan exentos del IVA. El Pacto de Toledo propone una intensificación de las ventajas fiscales de las aportaciones a los planes privados de pensiones realizadas por un cónyuge en favor del otro, lo que además de no ser generalizable porque exige una capacidad de ahorro al alcance de una minoría, reduce la recaudación fiscal necesaria, precisamente, para crear servicios que liberen a las mujeres de su papel de cuidadoras forzadas.

Quienes subvencionan los estudios catastrofistas sobre las pensiones públicas y proponen aumentar la edad de jubilación, prejubilan a su personal (cuyo trabajo tiene una penosidad inferior a la media), en algunos casos a cargo de fondos públicos, como es el caso de la reestructuración bancarizada de las cajas de ahorro que van a prejubilar a casi 20.000 empleados/as a través del Frente de Reestructuración Ordenada Bancaria (para cuya financiación el Estado anticipa 6.750 millones, una parte de los cuales no se recuperará). Además de responder a los intereses de la banca, la privatización de las pensiones tiende a introducir una fisura en la identidad colectiva de la población trabajadora al hacer depender los derechos de pensión de la rentabilidad de los mercados financieros en que se inviertan las aportaciones, aunque sea al precio de recortar los derechos laborales de las empresas en que se inviertan los fondos, a la vez que fomenta un individualismo que dificulte la oposición a posteriores recortes en pensiones y otros derechos sociales.

La revalorización -cuando no se suspende como este año- según el coste vida en lugar de los salarios, ocasiona una distancia creciente con el paso del tiempo de las pensiones en relación con los salarios, que tiende a aumentar la pobreza de las personas mayores.

El efecto de las medidas que hemos comentado, junto con otras que se incluirán, traerán consigo una reducción de las pensiones medias de enorme importancia, que podrán superar el 25 o el 30% y un incremento de la pobreza en la vejez, especialmente entre las mujeres de más edad. Las propuestas del gobierno y de quienes le apoyan requieren de una oposición radical. Por esta razón la huelga general del próximo 27 de enero no solo está justificada sino que es imprescindible.