La seguridad es, sin duda, uno de los estandartes de la política del alcalde de Bilbo y candidato a la reelección por el PNV, defensor a ultranza de los derechos de las grandes corporaciones y de sus negocios. Iñaki Azkuna, a sus 68 años recién cumplidos, no se quiere jubilar de recibir distinciones -la última la de Caballero de la Legión de Honor de Francia por ceder a su Gobierno unos locales para reabrir el Instituto Francés, que clausuró en junio de 2007 por la «crisis económica»- y de cobrar nómina del erario público.

El médico quiere emular a aquellos alcaldes del ordeno y mando del pasado villano, y por ello se ha esmerado en dotar a la Policía Municipal de medios con los que alimentar su «guerra al navajero». El populismo encharca sus declaraciones en las que, periodicamente, saca a relucir su espíritu manporrero, que agrada a los sectores más rancios y preocupa, porqué negarlo, a aquellos bilbainos que ven como se gasta moqueta roja y genuflexiones con los «poderosos», ya sean banqueros, visitantes extranjeros o alguna actriz de moda de los años mozos del primer edil, mientras se persigue o se difunden mensajes que estigmatizan a bilbainos, venidos de más lejos que Durango, por el mero hecho de vestir «diferente» o tener otro color de piel. Éstos, al parecer, no tienen los mismos derechos, o se pueden sacrificar para defender los de los sectores «más pudientes» que le votan y le sonríen ante sus gracietas.

No es la primera vez que se denuncia ante la opinión pública actuaciones policiales arbitrarias y discriminatorias ante la emergente población inmigrante, que trata de hacerse un hueco y sobrevivir en un Botxo cada vez más multicultural, pero en el que discursos como el de Azkuna alimentan la persecución xenófoba sin rubor. Lo grave y alarmante es que se pretende que no haya testigos.