Un juzgado de Gasteiz ha rechazado la pretensión de las empresas constructoras del tramo alavés de la autopista AP-1, que pedían a la Diputación 31,1 millones de euros en concepto de sobrecoste, y lo ha reducido a 4,2 millones, como asumía la propia institución foral.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gasteiz rechaza prácticamente todas las reclamaciones de la UTE formada por Dragados, Obras y Proyectos, FCC y Yarritu, a las que se adjudicó la construcción del tramo Luko-Arlaban de la AP-1, de 8,3 kilómetros.

La UTE presentó una demanda judicial contra la promotora foral VIASA al entender que se produjo un cambio en las condiciones del contrato y un sobrecoste de 31,1 millones de euros debido a numerosas modificaciones del proyecto original.

La Diputación, por su parte, argumentó que el proyecto de obra no tenía errores, que sólo se hicieron «pequeños ajustes habituales» en una obra como ésta, que la UTE conocía perfectamente el proyecto antes de hacer su oferta y que no pidió aclaración alguna.

La sentencia pone de relieve que el contrato de obra que firmaron las adjudicatarias era «a tanto alzado»; es decir, que establecía un precio por encima del previsto para que no hubiera un incremento de costes, aunque reconoce que sí deberán abonarse los trabajos suplementarios que se encargaron. Establece el coste de estas obras extra solicitadas por VIASA en 4,2 millones de euros, la misma cuantía que la Diputación ofreció a la UTE y que ésta rechazó antes de presentar la demanda judicial, según recordaron ayer a Efe fuentes forales.

El juez rechaza la indemnización por daños y perjuicios que reclamaba la UTE al entender que licitó «con perfecto conocimiento» de las obras que debía ejecutar, «con tiempo para conocer la viabilidad o no del proyecto que salió a concurso y más con los conocimientos» de estas empresas.

También desestima su argumento de que la Diputación incumplió el contrato al obligar a las empresas a alargar los plazos de ejecución al no contar con financiación, algo que según la sentencia «no queda acreditado». Destaca además que la ralentización estaba prevista en el programa de trabajos que la Diputación presentó y que fue aprobado por la UTE.