El Parlamento de Gasteiz instó ayer al Gobierno de Lakua a que este mismo año apruebe una normativa para ayudar y reparar a las víctimas de la violencia del Estado, lo que constituye un importante paso para resarcir a cientos de personas que durante años, en algunos casos décadas, han visto cómo su dolor ha sido ignorado por las administraciones. La Cámara también acordó crear una ponencia que impulse todas estas actuaciones y haga un seguimiento de ellas, aunque en este caso el PP -el único representante de UPyD no apoyó ninguno de los puntos a debate- votó en contra de la propuesta, evidenciando una vez más lo incómodo que le resulta a esta formación política acercarse a las víctimas.

Con todo, el acuerdo alcanzado ayer en Gasteiz no oculta que aún queda un importante camino por recorrer en esta materia. De hecho, el informe gubernamental que constituye la base de esta iniciativa parlamentaria habla de las violaciones de derechos y del sufrimiento producido durante la dictadura franquista, así como de la represión ejercida en los años posteriores por policías, grupos parapoliciales y organizaciones de extrema derecha toleradas por las instituciones. Aunque también se prevé la posibilidad de llegar a otras víctimas, y ayer se habló de las víctimas de la tortura, los grupos del Parlamento deberían comprometerse a que todas las personas afectadas por la violencia estatal se sientan acogidas en esta norma.

A nadie se le escapa, a pesar de los discursos escuchados ayer desde algunos escaños, que dejan bien claro que hay muy distintas interpretaciones sobre lo aprobado, que las violaciones de derechos por parte del Estado no son cosa del pasado, sino que se han mantenido en el tiempo, con gobiernos de un color y de otro. Testimonios como el reciente de Beatriz Etxebarria así lo atestiguan, y si realmente la iniciativa del Parlamento es honesta, no se debe poner límites ni dejar fuera a nadie. Aún queda mucho trabajo por hacer.