Los prejubilados acudieron ayer a la empresa y se reunieron en grupos de 45 con la dirección, que les comunicó la decisión que ha adoptado para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero que declaraba nulo el ERE de 2004.

El representante de UGT Manuel Velado señaló a los medios de comunicación que la empresa «quiere cumplir la sentencia» y ha dado de alta a los 258 trabajadores que estaban prejubilados y jubilados, si bien les ofreció «un permiso retribuido sin fecha de caducidad».

Además, señaló que la empresa ha comunicado a los trabajadores la presentación, «automáticamente», de un expediente de rescisión de contratos, por lo que «en un periodo de tiempo corto los despedirán».

El presidente del comité de empresa, Alfonso Bustamante, aseguró que la Sepi y los gobiernos autonómico y español deben solucionar el problema que se ha creado y recordó que «más del 80%» de la plantilla está «sin actividad y hay trabajo para 40 personas».

Destacó que la situación creada perjudica a los 364 trabajadores que permanecían en la plantilla, porque la incorporación de los 258 trabajadores afectados por el ERE «incrementa la nómina en más de un millón de euros» y «no hay dinero» porque «estamos sin caja, sin trabajo y sin nada». Y es que la empresa se encuentra en fase de liquidación -con un procedimiento concursal desde el pasado mes de diciembre-, y se prevé que el próximo 30 de setiembre abandonen la fábrica los últimos trabajadores.

Carta a un fallecido

Manuel Velado criticó la «poca sensibilidad de la empresa», que, según dijo, ha enviado cartas incluso a trabajadores que habían fallecido.

Uno de los trabajadores que volvieron ayer a Babcock, Tomás Pérez, quien se jubiló el pasado 7 de marzo y desde que se prejubiló se ha dedicado a cuidar de sus nietos y su mujer, señaló que «si hay que venir, se viene, aunque no sé si tendría trabajo, pero yo prefiero seguir cuidando a los nietos».

Los sindicatos ELA, LAB y ESK denunciaron el pasado jueves que el proceso de privatización de Babcock «contó con la colaboración de las federaciones de UGT y CCOO, que lo apoyaron en los momentos clave para seguir adelante con esta farsa de privatización».