El Tribunal Supremo hizo público ayer el auto por el que declara la ilegalidad de Sortu, así como el voto discrepante, suscrito por siete magistrados. Lo primero que llama la atención es la escasa consistencia jurídica del fallo, lleno de lugares comunes, errores de bulto y especulaciones, que bien podría pasar por un artículo de opinión de los muchos que sobre este asunto se han publicado en la prensa española. De hecho, se admite que para alcanzar esa conclusión, los nueve jueces que han promovido el veto, además de los informes policiales, han tomado en consideración «un elevado número» de artículos periodísticos. Y de lo expuesto por policías y guardias civiles y de lo publicado en la prensa más cerril, extraen la conclusión de que permitir que la formación abertzale concurra a las elecciones supone «una amenaza objetiva y grave para la democracia».

Sin embargo, lo que constituye una amenaza contra cualquier noción de democracia es el proceso que ha acabado, de momento, con la ilegalización de un nuevo partido, desde las declaraciones del presidente del Ejecutivo anunciando que lo tendría «muy difícil» para ser legal, lo que supone una clara injerencia en el poder judicial, hasta la bochornosa filtración del auto. No hay amenaza más grave para un sistema que se considera democrático que la forma en que el Estado español aplica la Ley de Partidos contra la izquierda abertzale.

A esa misma conclusión parece que han llegado los siete magistrados que firman un voto particular que muestra una dureza inusitada contra el pronunciamiento de sus compañeros. Recuerdan que «los presupuestos legislativos y constitucionales» impiden la ilegalización preventiva de un partido, y concluyen que «resulta obligado, según los principios del Estado de Derecho» admitir la actividad de Sortu. Lo que resulta obligado ahora es seguir trabajando para que, efectivamente, esa ilegalización preventiva sea revocada. Acudir hoy a Bilbo es una buena forma de hacerlo.