La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) acusó ayer al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de discriminar a los familiares de los desaparecidos del franquismo frente a los de los ``niños robados'', y anunció que presentará una queja la próxima semana ante el Ministerio.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, recordó en un comunicado que Caamaño, quien el 16 de febrero se reunió con familiares de los ``niños robados'' -muchos de ellos durante el franquismo pero también en los años 80-, les ofreció los recursos de análisis de ADN del Ministerio. Esos mismos servicios son los que los familiares de los desaparecidos solicitan desde hace años, sin que se les concedan.

Para Silva, Francisco Caamaño está haciendo uso de «una doble moral intolerable en una democracia», a pesar de que considera que cumplió con su deber al ofrecer esos recursos a los allegados de los ``niños robados'' cuyos casos siguen incrementándose día a día tanto en Euskal Herria como en el Estado español.

«No se puede aceptar que un ministro de Justicia actúe dependiendo del impacto mediático de unos hechos y no de la gravedad del delito», apuntó el presidente de la ARMH, quien subrayó que «cada día mueren familiares de desaparecidos que llevan décadas esperando a que el Estado cumpla sus deberes». «El ministro -aseveró- debe ofrecer ADN para los familiares de los `bebés robados' y también para los de los asesinados que se encuentran en fosas comunes».

En el mismo sentido, acusó a Caamaño de incumplir el artículo 14 de la Constitución española sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y señaló que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas -que entró en vigor el pasado diciembre, tras ser ratificada por veinte países- «obliga al Estado a erradicar las desapariciones, y cada día que pasa se sigue incumpliendo».

«Desde el Estado se está negando auxilio a las familias que han sufrido el peor delito que existe en el derecho penal. El desaparecido es detenido ilegalmente, torturado, asesinado, y su cadáver oculto, lo que se convierte en una tortura permanente para su familia. No ayudarle es tratarlo de modo degradante», declararon desde la citada asociación.