Amaia Muñoa, secretaria general adjunta; Mikel Noval, responsable Servicio de Estudios; e Igor Eizagirre, responsable de la Federación de Zerbitzuak de ELA, criticaron de forma directa el proyecto de fusión fría de BBK, Kutxa y Vital y se mostraron en desacuerdo con el anteproyecto de Ley de Cajas.

Entre otras muchas razones porque «es una copia» de la ley estatal, «lo que supone una dejación competencial», y porque se privatizan las cajas y «peligra» la obra social. En este caso, criticaron la distribución de las asambleas en la ley autonómica «porque se concede un 1% de representación a los sindicatos que acuden al CES. Es antidemocrática esa resolución».

Muñoa destacó que «la fusión supone la utilización de la Ley de Cajas, aprobada el año pasado por el Gobierno español, para crear una entidad bancaria a la que se traspasarán los activos y el personal». Para la dirigente de ELA es una molificación sustancial con la que la central sindical no está de acuerdo.

En este caso, añadió que el modelo de cajas debe «corregir el rumbo neoliberal de la actual forma de actuar» y «obtener un compromiso real con el conjunto de la sociedad vasca, deben estar al servicio de la ciudadanía y orientarse al desarrollo económico y social de Euskal Herria».

Para Amaia Muñoa, las inversiones de las carteras industriales de BBK, Kutxa y Vital suman los 6.000 millones, pero «se destinan a grandes empresas cuyo porvenir no parece estar en entredicho» y, en cambio, «dejan de lado otro tipo de proyectos que requerirían una mayor implicación económica cono las pyme».

ELA sostiene que «el acuerdo de fusión alcanzado, que supone convertir las cajas en un banco, va justo en sentido contrario» y afirma que «estamos en desacuerdo con el nuevo proyecto de fusión, ya que no es la fusión que se necesita para el desarrollo económico y social vasco». Mikel Noval también recordó que «en este proceso de bancarización el contenido de la obra social desaparece» y reclamó desde la organización sindical mayoritaria en el conjunto de las tres cajas que «aumente el presupuesto para actividades de la obra social».

Mientras que Igor Izagirre defendió los derechos sociolaborales de los empleados en este proceso. Pidió la homologación de las condiciones de trabajo y el mantenimiento del empleo: «Que se mantengan las plantillas, terminar con la precariedad en las subcontratas y empresas de servicio y garantizar un salario mínimo digno».