Representantes de la asociación de apoyo a presos Salhaketa criticaron ayer que la nueva prisión de Zaballa, ubicada en la localidad alavesa de Iruña Oka, es «una imposición» y que va a convertir a Araba en el territorio con «mayor índice de población presa por cada mil habitantes», ya que uno de cada ochenta residentes vivirá en prisión.

En una rueda de prensa ofrecida en Gasteiz, los portavoces de la asociación Cesar Manzanos y Zigor Olaberria explicaron que la cárcel cuenta con 848 celdas, de las que «la gran mayoría» son compartidas.

Sin embargo, tal y como recordó Manzanos, la prisión también cuenta con celdas individuales, las previstas para «san- ciones y castigos», una situación que, para el portavoz de Salhaketa, puede crear conflictos entre presos y funcionarios.

A este respecto, ambos portavoces recordaron que, una vez entre en funcionamiento, Zaballa dispondrá de 750 funcionarios de prisiones, 50o más que la prisión de Langraitz.

Dichos funcionarios realizarán controles visuales en celdas donde no existen puertas que separen las literas del aseo, algo que para los representantes de Salhaketa impondrá una «violación sistemática y cotidiana del derecho a a la intimidad de los internos».

Además, Manzanos enumeró un decálogo de motivos por los que su asociación rechaza la apertura de la macrocárcel, expresión utilizada para denominar todas aquellas prisiones en las que residen más de quinientos presos.

En el citado decálogo figura la ubicación del centro penitenciario, una ladera al sur de Iruña Oka. Un lugar humedo y frío donde la luz solar es escasa.

Asimismo, los representantes de Salhaketa recordaron que la cárcel «vulnera todas las leyes en materia de medioambiental», motivo por el que la Diputación foral presentó un recurso en el que pedía la paralización del proyecto ante el Tribunal Supremo, quien no se ha pronunciado al respecto.

Iniciativas

De cara a las elecciones del 22 de mayo, Manzanos anunció que Salhaketa preguntará a los distintos partidos sobre su posición ante la apertura de la macrocárcel.

Según Salhaketa, Zaballa, cuyo coste alcanza los cien millones de euros, supondrá un gasto de 36.000 euros mensuales.