El ministro español de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró ayer por la mañana que el Gobierno español se opondrá al expediente de regulación que la multinacional Telefónica ha anunciado para deshacerse de un 20% de la plantilla por medio de prejubilaciones, a la vez que instauró unas remuneraciones multimillonarias para el equipo directivo.

Por la tarde, la ministra española de Economía y hacienda, Elena Salgado, puntualizó que esa decisión «es inoportuna». Telefónica es una de las grandes empresas a las que el Gobierno español las tiene en cuenta en sus demandas para fijar las políticas económicas. Salgado reconoció que si la empresa cumple los requisitos, nadie le puede negar el expediente laboral de ajuste.