La semana que hoy concluye ha estado salpicada por varias noticias que vuelven a recordar la existencia de un conflicto irresuelto y exponen en toda su crudeza sus consecuencias. El pasado martes trescientos agentes de la Guardia Civil desplegaron un impresionante operativo en Legorreta para detener a los hermanos Aitor e Igor Esnaola. Éste, después de tres días y medio de incomunicación, quedó en libertad el viernes por la tarde. El ministro del Interior argumentó su detención con un «algo sabe», aunque no sería la primera vez que se detiene a familiares y allegados para forzar declaraciones policiales y autoinculpaciones. Lander Etxeberria fue arrestado en Villabona al día siguiente, y el instituto militar español estaría buscando a una cuarta persona.

Ayer por la tarde, después de que el juez Fernando Grande-Marlaska enviara a prisión a Lander Etxeberria -que ya ha cumplido condena por los delitos que se le imputan ahora- y Aitor Esnaola, este último relató a su abogada un estremecedor episodio de torturas. Golpes, «la bolsa», desmayos... una vez más se cumple la ecuación que iguala la incomunicación y la tortura, y que seguramente volverán a ignorar la mayoría de los partidos. Acabar con la tortura e interpelar a quienes la posibilitan es tarea urgente.

También urge abandonar de una vez por todas los discursos falaces. Mientras la Guardia Civil aseguraba haber encontrado «uno de los mayores arsenales de ETA» requisados hasta ahora, sus responsables políticos se niegan a la verificación internacional del alto el fuego decretado por la organización armada. Resulta insostenible negarse a la verificación cuando se trata de una organización de la que se acepta que tiene esa capacidad.

«Gatza», de vuelta a casa

Esnaola y Etxeberria engrosaron ayer una lista de la que esta semana han salido Jose Mari Sagardui y Antton Troitiño. La imagen de Gatza con el puño en alto a la salida de la cárcel de Jaén y su saludo, ya en Zornotza, a los cientos de vecinos que aguardaron su llegada, profusamente difundida en todos los medios, indican que tres décadas de cárcel y sufrimiento no han doblegado al ya ex prisionero vizcaino, pero nos recuerda también que la situación de los presos políticos vascos debe ser abordada sin demora y que este país debe aspirar a alcanzar lo antes posible un escenario en el que no haya más personas encarceladas. Por otra parte, la campaña mediática desatada tras la puesta en libertad de Troitiño por decisión de la Audiencia Nacional española constituye un indicador de que algunos no son capaces siquiera de respetar sus propias leyes. Aunque sean de excepción.

El «compromiso claro» de ETA

En este complicado contexto hemos conocido, ya al cierre de la semana, el contenido del último «Zutabe» de ETA, el primero emitido desde setiembre de 2007. En su publicación, la organización armada sitúa su alto el fuego dentro de un «compromiso claro de superar la confrontación armada», y destaca que su iniciativa «ha facilitado la oportunidad de dar una solución democrática definitiva al conflicto». Una noticia de calado, que confirma la disposición que ETA anunció el 10 de enero, y que el lehendakari, Patxi López pidió de forma incomprensible que fuera ignorada, un llamamiento que cayó en saco roto a tenor de la repercusión que tuvo en los medios vascos y también entre los editados en Madrid.

Acoso a Bildu

El tiroteo ocurrido en el Departamento de Creuse, del que todavía hay una sola versión, dará aún mucho que hablar, aunque muchos portavoces políticos y no menos medios de comunicación aprovecharon lo ocurrido para volver a arremeter, no sólo contra la izquierda abertzale, sino también contra una coalición electoral recién nacida: Bildu. Las contundentes notas de prensa de la izquierda abertzale y de Sortu, que cogieron a contrapié a mucha gente, y las declaraciones de Peio Urizar y Oskar Matute saliendo al paso de algunas interpretaciones maliciosas de su rechazo al tiroteo, desactivaron esta nueva acometida, pero ha quedado claro que la coalición formada por EA, Alternatiba, independientes y, desde el viernes, Araba Bai, está en el punto de mira de los poderes del Estado español.

Así lo han confirmado estos días Federico Trillo y Alfredo Pérez Rubalcaba, al referirse al pacto alcanzado entre el Gobierno de Zapatero y el PP para impugnar todas las listas de Bildu a las elecciones del 22 de mayo. Rodolfo Ares explicó además que la Ertzaintza ya está analizando la composición de las candidaturas, para lo que seguramente hará uso de las «listas ideológicas clandestinas» que el jueves denunciaron desde la asociación de abogados Eskubideak. Ante esta persecución ideológica, resultan esperpénticas las declaraciones realizadas ayer por el lehendakari, afirmando que deben ser «los tribunales y la Justicia» los que decidan si una coalición formada por tres partidos legales e independientes con todos sus derechos en vigor puede presentarse a las elecciones. Los tribunales no tendrían que decidir nada si su partido no impugnara las candidaturas.