El secretario general de la Federación de Servicios Financieros de CCOO, José María Martínez, defendió el pasado viernes que los requisitos de capital aprobados por el Gobierno el pasado mes de marzo son inconstitucionales porque suponen una discriminación de las cajas respecto a los bancos y una distorsión de la competencia en el ámbito de la Unión Europea.

«Con absoluto desprecio al principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española y sin esperar a que la UE adopte o no los acuerdos de Basilea III (nuevos requisitos de solvencia) a través de una norma jurídica, nos encontramos con que las entidades financieras españolas ya han de cumplir con lo que no tiene que cumplir ninguna otra de ningún otro país de la Unión», señala el manifiesto entregado al Defensor del Pueblo.

Para los representantes de las 13 organizaciones firmantes del texto, la motivación del Gobierno es «atacar el modelo de las cajas para que desaparezca», lo que pone en riesgo la obra social que llevan a cabo estas entidades y genera peligros de exclusión financiera de la población rural, donde están ubicadas las oficinas menos rentables.

«Desamortización del s. XXI»

Durante la presentación del manifiesto, el catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Antonio Maroto, comparó las medidas tomadas por el Ejecutivo con «la desamortización del siglo XXI», porque supondrá «la mayor transferencia de riqueza de la sociedad a manos privadas de la historia reciente».

Maroto sostuvo que las nuevas exigencias de solvencia, que están obligando a las cajas a convertirse en sociedades anónimas (bancos), eran innecesarias «en un sector ajeno a todo riesgo de insolvencia».

La vicepresidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro, criticó que las medidas tomadas por el Ejecutivo «anteponen el interés privado frente a la misión social» de las cajas, que dejarán de hacer obra social, lo que «supone un retroceso del Estado de Bienestar en un momento especialmente delicado y grave».

Representantes sindicales presentes en el acto, como el presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (Csica), Félix Torquemada, criticaron también el papel del Banco de España, que a su juicio «ha hecho la labor sucia de exigir más a las cajas que a los bancos».

«150 años de vida de las cajas se los quieren cargar de forma unilateral y arbitraria, lo que es una barbaridad», denunció el consejero general de Caja Madrid Juan Sánchez.

Precisamente, el pasado jueves el Banco de España recibía los planes de recapitalización de aquellas entidades que han solicitado al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), como fuente prioritaria, los recursos de capital que necesitan para cumplir los requisitos establecidos por el Gobierno.

Con este envío se completa otra fase en el proceso diseñado para que todos los grupos o entidades operen con un mínimo del 8% de capital principal.