La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado una sentencia del Juzgado de Lo Social número 3 de Donostia que condenó a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) a pagar 104.837,52 euros a los familiares de Ignacio Iturrioz Aizpurua, que falleció por un mesotelioma pleural derivado de haber tenido contacto con el amianto en su vida laboral. Iturrioz trabajó en CAF como soldador y falleció a cuenta del cáncer que se le desarrolló en agosto de 2007.

En la sentencia se recuerda la obligación de los empresarios de mantener las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la salud de los trabajadores, a la vez que recuerda que la legislación en materia de salud laboral de los años sesenta ya imponía acciones preventivas que han sido ignoradas por CAF, según el TSJPV.

Por otro lado, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) de Gipuzkoa explicó que en nueve ayuntamientos han aceptado que se produzca un control del amianto en los edificios. Son los de Lezo, Errenteria, Hernani, Oiartzun, Lasarte-Oria, Ordizia, Beasain, Irun y Legazpi.

Mamen Sarriegi, Jon García, Marijose Arbelaitz e Inazio Saizar, miembros de Asviamie, indicaron que esos ayuntamientos se han comprometido a realizar un inventario de los edificios municipales que tengan amianto y el resto que sea susceptible de contener el mineral cancerígeno.

También que cuando se vayan a realizar obras, reparaciones o derribos, se establezcan las medidas preventivas para la protección «de los trabajadores y la población».

Asviamie denunció «la posición de los partidos PSE, Hamaika 1 y PP en el municipio de Pasaia, porque los representantes de esos partidos impidieron que se pudiera debatir la moción». Anunciaron, además, que está pendiente de debatirse en ayuntamientos como Donostia, Tolosa, Eibar, Arrasate y Bergara.