A menudo resulta m�s f�cil escandalizarse o denunciar las conculcaciones de derechos humanos que se dan en pa�ses lejanos al propio que las que ocurren a dos pasos del portal de casa. Obviamente, los espeluznantes casos que a�o tras a�o -y van 50 a�os- saca a la luz Amnist�a Internacional se merecen todas las denuncias e indignaciones del mundo. No obstante, no por ello habr�a que minimizar las violaciones de derechos humanos que se dan en casa.

El encomiable trabajo de los militantes de los grupos locales de AI no tiene precio pero, en lo que respecta a Euskal Herria, se topan con unos obst�culos a�adidos. Y es que, al parecer, para que los casos vascos sean cre�bles tienen que estar documentados jur�dicamente. Un requisito que, a buen seguro, dif�cilmente cumplir� un detenido en Burkina Faso o un preso en los calabozos de Ir�n que, quiz�s, ni tan siquiera han tenido la asistencia de un abogado defensor de confianza.

Pero en el caso de gobiernos occidentales, supuestamente democr�ticos, hay que ir con pies de plomo. Hay que demostrar las vulneraciones de derechos con documentos de los propios tribunales que aceptan entregar militantes vascos a la Audiencia Nacional espa�ola en base a declaraciones obtenidas por la fuerza; con los informes de las Fiscal�as que, como en el caso de Jon Anza, reconocen que �ha habido disfunciones en la investigaci�n�.

A este paso, AI y los colectivos de defensa de los derechos humanos no podr�n tomarse un respiro en otros cincuenta a�os.