Ya el pasado año quedó clara la actitud del Gobierno de Lakua, la misma que la del de Nafarroa, frente al respeto de los derechos de los trabajadores y los de los ciudadanos en general. Y quedaron claras sus prioridades a la hora de tomar medidas en materia presupuestaria y fiscal: recortes del gasto social en sanidad, educación y protección social, por un lado, y reducción de la carga fiscal a quienes más tienen, por otro. Cuando presentan esas medidas como necesarias para la recuperación económica, la mayor parte de la población ha de preguntarse qué economía es la que tratan de recuperar, la de quiénes. Y para que no haya lugar a dudas, la reciente instrucción de la Dirección de la Función Pública, siguiendo fielmente el guión escrito por el Gobierno español al dictado de las decisiones neoliberales de la UE, viene a agravar los recortes del año pasado. La continuación de recortes salariales y la no aplicación del incremento del IPC a los trabajadores de la administración pública, la reducción drástica de sustituciones, la eliminación de contratos y de creación de plazas son algunos de esos nuevos recortes. Unos pocos se beneficiarán de ellos, y otros muchos los padecerán: los trabajadores del sector público y la mayor parte de los ciudadanos, que asiste al desmantelamiento de ese sector cuyos servicios no son un regalo de nadie, sino costeados por ellos.