No llegan buenas noticias de los tribunales para el Consistorio de Lezama dirigido por la jeltzale Alaitz Etxeandia, que opta a la reelección y que en su programa electoral defiende la operación urbanística de Txupetxa.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), a instancia de la empresa Duprocons SL -una de las dos que impulsaban inicialmente la operación urbanística de Txupetxa-, ha decretado la suspensión cautelar de la orden foral del 20 de diciembre de 2010, que aprobó el Plan Especial en esa área de Lezama. Esta decisión de la Diputación vizcaina fue recurrida por las constructoras y la asociación vecinal Lezama Birizik.

Los magistrados atienden así el recurso de la firma, que mantiene un pleito con los antiguos propietarios de los terrenos -la familia de la alcaldesa- por los 5,3 millones de euros que convenieron en abonar los promotores inmobiliarios. Las empresas pagaron 2,2 millones, que quisieron recuperar a raíz de la inseguridad jurídica creada por otra sentencia de la Sala del TSJPV que anuló las Normas Subsidiarias (NNSS) -que ratificó en enero el Supremo español- y se negaron a abonar los otros 3,1 millones restantes.

El TSJPV considera lógica la suspensión cautelar y en los fundamentos del fallo avanza argumentos que hacen vislumbrar otra sentencia favorable a los recurrentes. El Plan, recordaron ayer desde Lezama Bizirik, fue tramitado «urgentemente» por el Ayuntamiento a finales del año pasado «para ofrecer una cobertura legal al proyecto urbanístico en los terrenos de la familia de la alcaldesa, ante la eventualidad de que la anulación definitiva de las NNSS por parte del alto tribunal español -que se confirmó en enero- arrastrase la proyecto».

En el fondo estaba la necesidad de que la tramitación administrativa del Plan estuviese finalizada para abril de 2011 y así las constructoras tuviesen que pagar los 3,1 millones de euros que pactaron en su día.

Desde la asociación vecinal calificaron de «nuevo varapalo» para las pretensiones del equipo de gobierno municipal el auto. Además, tildaron de «despilfarro» que sean las arcas del Consistorio las que corran con estas actuaciones judiciales «que defienden los intereses particulares de una familia, aunque sea la de la alcaldesa».

Lezama Bizirik creen que es tiempo de que la nueva Corporación que salga del 22-M tramite un nuevo Plan General.