En una nota remitida también a los medios, el comité de empresa de Musikene pidió ayer a Carmen Rodríguez Suso que presente su dimisión como coordinadora general del Centro Superior de Música. Y, en caso de no seguir voluntariamente esta sugerencia, exigió a las autoridades competentes su destitución inmediata. En cuanto al director académico, Juan Carlos Perez, explicaron que se quedaron «perplejos e indignados con su pasividad» en la rueda de prensa del pasado viernes, a pesar de que el motivo del evento fuera la dimisión de trece cargos que él mismo nombró mediante resoluciones.

Por lo tanto, le pidieron también a él que dimita, y a las autoridades competentes les exigieron su destitución inmediata si no quiere seguir la sugerencia.

Para explicar estas peticiones, en el comunicado enumeraron los impedimentos más relevantes que han sufrido por parte de la coordinadora general para hacer su trabajo. Mencionaron, por ejemplo, la negativa a entregar al comité los documentos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores; la carencia de explicaciones «mínimamente precisas» sobre previsiones presupuestarias y laborales; la arbitrariedad en despidos y la finalización de contratos; la ausencia de un proyecto de política educativa; o la imposición de un Reglamento Orgánico que deja a la comunidad de Musikene en minoría frente al equipo directivo.

Señalaron que todas esas razones les han llevado a manifestar su reprobación de la gestión de Carmen Rodríguez Suso, con el apoyo de la asamblea de trabajadores y de los sindicatos.

Confianza anulada

En la nota, indicaron que el comité y la empresa suscribieron un compromiso mutuo de no difundir al exterior información de naturaleza laboral, de modo que todos los problemas se discutan y resuelvan en el seno de Musikene. El comité señaló su sorpresa ante las declaraciones de la coordinadora general en la rueda de prensa del 13 de mayo, porque «en vez de aclarar esta situación, orientó su discurso a asuntos relativos a las reducciones presupuestarias y sus consecuencias laborales, cuya relación con la situación derivada del desmantelamiento de su equipo es sumamente forzada».

Consideraron así que Rodríguez Suso rompió el compromiso de no difundir información de naturaleza laboral, anulando cualquier principio de confianza. En opinión del comité, ha quedado de manifiesto «su falta de profesionalidad y de comprensión de las funciones jurídicas y representativas del cargo, así como su falta de aptitudes, algo alarmante, teniendo en cuenta que en sus manos está la administración de un presupuesto de diez millones de euros sostenido por el esfuerzo de todos los contribuyentes». Criticaron «su falta de habilidades de comunicación, y lo que es más grave, de valores éticos indispensables para la gestión de la educación».