Son tiempos de vacas flacas, incluso en campaña electoral. Los candidatos aspirantes a cada ayuntamiento se están centrando en hablar más de gestión transparente y austera que en prometer proyectos e inversiones. Sacarles de las buenas intenciones no es sencillo, ni siquiera para conocer si con tanta gente que lo está pasando mal por causa de la crisis y a la que el dinero no le llega, han ideado alguna propuesta con la que aliviar la economía, si no municipal, sí la de los bolsillos de sus convecinos. Hablamos de las políticas sociales a pie de calle, las que la ciudadanía nota y percibe, desde que le bajen la cuota anual del polideportivo a que se mejoren las prestaciones de un comedor social. Apenas se ha escuchado nada.

Una muestra de esa falta de ideas concretas llega al requerirle al gabinete de prensa del PNV alguna de esas propuestas en materia social, más allá de la filosofía y las buenas intenciones. Responden con dos del programa de Iñaki Azkuna: una alusión al rigor económico y transparencia, y una información en la web de todos los asuntos relacionados con el gasto, presupuestos, la contratación y los recursos humanos. Lo dicho, filosofía y buenas intenciones.

Pero también es verdad que algunos candidatos han deslizado estos días con ciertas promesas, pero con trampa. Así, el aspirante del PSE al Consistorio donostiarra, Odón Elorza, ha propuesto instaurar «ayudas y bonificaciones para aquellas familias que no puedan pagar la tasa de basuras, que no puedan pagar el agua o que no puedan pagar otras facturas», teniendo en cuenta que van a ser «tiempos difíciles» en los que, aviso a navegantes, «habrá que sostener el crecimiento de los impuestos, nunca más allá del IPC». Se le olvidó mencionar el incremento de estas tarifas en la pasada legislatura, que dio mucho que hablar.

Otra que también ha ido directa al bolsillo del votante-contribuyente ha sido la candidata del PP en Bilbo, Cristina Ruiz, prometiendo beneficios para los residentes en la zona azul de aparcamiento, de manera que no paguen por disponer de una tarjeta de la OTA. Este servicio se sufragaría, ha dicho, con el cobro del aparcamiento en rotación de los no residentes. Una propuesta, argumentó, que «no supone una gran merma económica», unos 400.000 euros al año.

También Aralar, en su programa más general, ha querido recoger alguna idea específica, como la de garantizar que en todos los municipios de más de 20.000 habitantes haya albergue y comedor social para las personas más desfavorecidas, o que por cada localidad de más de 5.000 habitantes exista un trabajador social.

No directamente mirando al bolsillo pero sí a las necesidades de vivienda, la candidatura donostiarra de Plazandreok defiende en su programa la vivienda en alquiler, pero con el matiz de que «se debe incorporar, además, la variable sexo a la iniciativa pública de viviendas, teniendo en cuenta los diferentes ciclos en la vida de las personas».

Debate sobre las prestaciones sociales

Pero si un argumento en política social ha suscitado debate estos días ha sido la propuesta lanzada por el PP en todos los ayuntamientos de que se exija un mínimo de cinco años de empadronamiento para acceder a las prestaciones, en lugar del año actual. Además, en la capital alavesa sus candidatos defienden que con sólo un rechazo injustificado a un trabajo se pierda el derecho a percibir ayudas sociales.

Desde Denok Hiritar, la candidatura que persigue hacer visible el voto inmigrante, ya les han contestado: «Los extranjeros residentes, es decir titulares de una autorización de residencia en vigor, tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los nacionales». En este sentido, esta plataforma electoral recuerda que «pese a las leyendas urbanas y a los mil fantasmas que circulan, los extranjeros aportan mucho más de lo que reciben, incluidos quienes se encuentran en situación administrativa irregular».

También Bildu ha salido al paso de estas intenciones para subrayar, en palabras de Aitziber Ibaibarriaga, segunda en la lista por Bilbo, que «no contentos con reducir las políticas sociales, quieren también sembrar la semilla de la discordia entre la ciudadanía, criminalizando la recepción de ayudas sociales, expandiendo el rumor del fraude masivo en su gestión. Quieren así ocultar la realidad de que ellos son los verdaderos cul- pables de la situación, buscando que otros paguen el pato».

Bildu, por ejemplo, ha mostrado su oposición «a la financiación de los servicios sociales a través de la figura del copago, porque multiplica las desiguldades y establece ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de su poder adquisitivo».

Así las cosas, parece que casi nadie va a incrementar la paga de los jubilados de su pueblo, ni se van a sumar al cheque-bebé como el del Ayuntamiento de Gasteiz, ni van a repartir barras de pan gratis. Al menos, siempre quedará el partido de los Verdes de Navarra, que en su programa promete «fomentar la satisfacción en el vivir cotidiano». También es filosofía, pero suena bien.