No todas las «sensibilidades políticas» concurren en igualdad de condiciones a las elecciones del próximo domingo. Ni siquiera todas las personas pueden votar o ser votadas. Concretando más, según los cálculos realizados en su día por este diario, unas 40.000 personas han tenido vetada su presencia en candidaturas electorales que pudieran ser ligadas a la izquierda abertzale, porque co- rrían el peligro de «contaminar» toda la plancha y dar lugar a su exclusión por los tribunales españoles.

Cabe recordar que aunque Bildu agrupa a los abertzales de izquierda, la izquierda abertzale como tal sigue estando ilegalizada en el Estado español. Anteayer mismo los representantes jurídicos de Sortu presentaron en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo para que se le restituya su derecho a ser inscrito en el registro de partidos políticos.

Si Sortu no hubiera sido pro- hibida por las maniobras del Gobierno español y el auto del Tribunal Supremo, se habría sumado como un componente más a Bildu, según explicó el secretario general de EA, Pello Urizar. Y, de esta forma, los militantes de la izquierda abertzale hubieran tenido, probablemente, la posibilidad de concurrir libremente dentro de las listas de la coalición en su condición de afiliados de un partido legal.

Pero el veto a Sortu ha provocado que miles de personas queden excluidas de la posibilidad de ser candidatos. Por ejemplo, los 42 alcaldes que hace cuatro años fueron los más votados en sus respectivas localidades como candidatos de ANV no pueden ser revalidados en sus cargos por sus vecinos, no porque no les haya gustado su forma de gobernar el municipio, sino porque su sigla fue ilegalizada. Lo mismo ocurre con otros 390 concejales.

No han hecho campaña

En estos días se ha podido ver a Iñigo Urkullu haciendo campaña en favor del PNV, a Patxi López, por el PSE, y -aunque menos- a Miguel Sanz, por UPN. Sin embargo, no habrán podido encontrar a ningún dirigente de la izquierda abertzale pidiendo públicamente el voto.

Difícilmente puede considerarse normal una campaña en la que líderes de la talla de Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Rafa Díez u otros no pueden dirigirse a su base social como lo están haciendo el resto de diri- gentes. Algunos de ellos tienen prohibida cualquier tipo de actividad política por orden judicial. Otros, aunque cuentan aparentemente con todos los dere- chos, han adoptado una posición prudente ante la amenaza de que cualquier opción que apoyen pueda ser impugnada en los tribunales españoles.

Esta es la primera vez en la historia de Euskal Herria, desde 1977, en la que la izquierda abertzale no ha participado en una campaña electoral ni ha pedido el voto. Aunque haya quien pueda entender que la petición expresa no es necesaria, algún efecto positivo tendrá ver a los líderes en los actos electorales cuando ningún otro partido renuncia a ello.

Pero en el análisis global de estas elecciones también es preciso tener en cuenta que cientos de militantes de la izquierda abertzale ni siquiera tienen derecho al voto, por el único «delito» de haber hecho una actividad política o profesional siem- pre pública. Así ocurre, por ejemplo, en los condenados por los macrosumarios de los casos 18/98, Gestoras, Segi y otros.

Y resulta también destacable que el principal líder e interlocutor de la izquierda abertzale, una de las personas determinantes en que se haya llegado a la situación política actual, tampoco pueda participar en estas elecciones trascendentales. Se trata de Arnaldo Otegi, encarcelado como Sonia Jacinto, Arkaitz Rodriguez y Miren Zabaleta por estar diseñando el cambio estratégico del independentismo.

En estas condiciones de desigualdad llega la izquierda abertzale a estas elecciones, aunque, como en otras, su base social ya sepa qué hacer.