La ley de Caducidad de Uruguay aprobada en 1986, que imposibilita enjuiciar los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura, se apropió de todo el protagonismo en el día de las celebraciones por el bicentenario de la independencia del país; y es que ayer debía votarse en el Parlamento un proyecto de ley que prevé la anulación de esa norma. La incógnita de si la propuesta del oficialismo lograría la mayoría necesaria para seguir adelante era patente a última hora de ayer, dado que uno de los diputados del Frente Amplio (FA), Víctor Semproni, mostró su disposición a votar en contra, respondiendo a la razón de que esa ley ya fue ratificada por el pueblo en dos referendos, en 1989 y 2009. El voto de Semproni era imprescindible para que saliera adelante, dado que el FA cuenta con escasos 50 escaños de 99 que tiene la Cámara. Semproni dijo que mostrarse ahora a favor de la anulación sería «poner en duda la soberanía del pueblo». «Yo también fuí torturado por los militares, yo también fuí encarcelado. Pero, de igual modo, no puedo ahora darle la espalda al pueblo», indicó pocas horas antes de la votación el ex guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Como alternativa al debate en el Parlamento, Semproni sugirió la posibilidad de debatir el tema en la Asamblea General que reune al Senado y la Cámara de Diputados, con vista a derogar la ley y anularla para futuros casos, y evitar así que «se revuelva en temas del pasado».

Aunque al cierre de la edición la votación en la Cámara aún no se había efectuado, el periodista uruguayo Roger Rodríguez, amenazado por grupos ultras por investigar ciertos casos de abusos por parte de militares, abogó por la eliminación de la ley, considerando que «el Estado tiene la obligación de hacer que se apliquen las leyes y que resurja la verdad de la historia». El periodista, no obstante, cree que «se está buscando una politización del tema, pues esta ley no tiene fundamento y ya no se aplica».