El ministro español de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró ayer que el texto presentado por la CEOE a los sindicatos el lunes pasado, en el que volvía a una posición de máximos respecto a la reforma del sistema de convenios colectivos sin tener en cuenta lo negociado previamente, «no permitía alcanzar un acuerdo».

El ministro dijo que «hubiera sido mejor culminar un acuerdo antes de las elecciones», ya que cree que ha habido «una influencia clara» de la nueva situación política en la CEOE.

A su juicio, hubiera sido «más útil» que sindicatos y patronal hubiesen cerrado la reforma en abril con lo que se había acordado hasta ese momento, para que Trabajo lo concretara en un texto normativo que aprobaría el Gobierno y sería remitido al Parlamento, con la intención de que entre en vigor en otoño.

Decisión del empresario

Sin embargo, dijo el ministro, la patronal puso encima un documento con una visión de la flexibilidad interna en el ámbito de las empresas (cambio de jornada, funciones o traslados) que no permitía llegar a un acuerdo. «Se establecían mecanismos de flexibilidad interna absolutamente todos sometidos a la libre decisión del empresario», afirmó Gómez, que aludió también a la pretensión empresarial de que los convenios dejen de tener efecto cuando expiren, eliminando la llamada ultraactividad (prórroga automática de los convenios colectivos vencidos).

En su opinión, estas dos cuestiones son incompatibles con «un gran acuerdo de negociación colectiva» que incluyera la flexibilidad interna negociada y la protección de los trabajadores cuando los convenios expiren.

Por otra parte, confirmó que el decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el viernes no regulará el mecanismo de fijación de salarios, puesto que sería «constitucionalmente imposible».