El Tribunal Supremo español ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la Diputación alavesa contra el acuerdo del Consejo de Ministros que excluía tramitar la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de construcción de la macrocárcel de Zaballa. Los jueces del TS consideran que durante el procedimiento administrativo «se ha cumplido con la exigencia comunitaria de una adecuada evaluación ambiental».

El Consejo ya declaró en noviembre de 2008 excluida a trámite la Evaluación de Impacto ambiental. La Diputación solicitó entonces que se anulara y revocara la decisión y se ordenara la «inmediata suspensión de cualquier trabajo que se estuviera efectuando en la zona, así como la completa restauración de los daños ambientales ocasionados a los hábitat y a las especies afectadas por la realización del proyecto y la reposición de la zona en el estado en que se encontraba inicialmente».

Para la institución alavesa, el acuerdo del Gobierno español «vulnera la Directiva Europea de hábitat, así como la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que obligan a la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental». Asimismo, defendió que el Consejo de Ministros está «inhabilitado» para excluir del proyecto de construcción del centro penitenciario este requisito.

En la sentencia se recoge, por contra, que la cárcel «no afecta» al Lugar de Interés Comunitario del río Zadorra. Sólo admite que «existe una posible afección directa derivada de la construcción de una estación de aguas residuales, y otra indirecta, determinada por los movimientos de tierra».

Asimismo, el TS detalla que los movimientos de tierra no afectarían al río Zadorra, sino al arroyo Zaballa.