Nada más conocerse la sentencia en contra de las «vacaciones fiscales», las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han querido hacer borrón y cuenta nueva, destacando que las empresas beneficiarias ya habían devuelto las ayudas con sus intereses. Sostienen que la decisión judicial «carece de efectos prácticos». Una lectura interesada y demasiado autocomplaciente, teniendo en cuenta que aún falta por conocerse el fallo sobre las «minivacaciones» de 1996 y sobre el crédito del 45% de las inversiones en activos fijos, y que la Comisión Europea ha solicitado una multa millonaria, que se materializará tan pronto como el Tribunal de Luxemburgo dicte esas dos sentencias.

Con todo, las prisas por pasar página no deberían cerrar, si alguna vez se ha abierto en serio, el debate sobre el uso que se le ha dado a la capacidad fiscal de las haciendas vascas. Desde las entidades forales se ha denunciado insistentemente que el proceso judicial contra las ayudas a las empresas constituía un ataque a la soberanía fiscal de los territorios afectados, apelando al discurso de la defensa del autogobierno. Han obviado, sin embargo, que esa -limitada- soberanía ha sido utilizada sistemáticamente en favor de unos intereses determinados, siempre los mismos, sin dejar espacio a otras políticas alternativas. Por ello, al margen de lo que decidan las instancias judiciales europeas, es hora de analizar con seriedad cuál es el modelo fiscal que necesita este país y responde a sus necesidades.

La sentencia llega además a escasos días de que se constituyan las nuevas diputaciones y cuando buena parte de la clase política está poniendo en tela de juicio la capacitación para liderar las instituciones de alguno de los aspirantes. Después de este revés judicial, de todo lo que ha supuesto el proceso y las consecuencias que todavía puede acarrear, aquellos que llevan gobernando desde hace décadas deberían sonrojarse antes de sembrar dudas sobre las cualidades del adversario.