La resolución del Tribunal de Justicia de la UE no cuestiona la capacidad normativa de las diputaciones para aplicar una fiscalidad diferenciada del Estado español, claro está, siempre dentro de los límites reconocidos en el Concierto Económico. En este sentido, conviene recordar que las diputaciones forales están obligadas a mantener una presión fiscal equivalente a la del Estado, que es 6,6 puntos de PIB inferior a la media de la Unión Europea. Precisamente, este bajo nivel de presión fiscal condena a nuestro sector público a figurar junto al español en el vagón de cola de la UE por su bajo nivel de protección social.

Como prueba de esa «autonomía fiscal», el último Informe Anual de la Hacienda Vasca demuestra que el tipo medio efectivo (el que realmente pagan las empresas una vez descontadas todas las bonificaciones y deducciones fiscales) por el Impuesto de Sociedades es inferior para las empresas que están sujetas a la normativa foral (12,7%) que para aquéllas a las que se aplica la normativa estatal (21,9%). Por tanto, podemos confirmar que las diputaciones utilizan su capacidad normativa para dar un trato de favor a los intereses empresariales.

Lógicamente, esta reducción de impuestos a las empresas tiende a compensarse con otros impuestos, generalmente aumentando la contribución de las rentas del trabajo o incrementando los impuestos indirectos, que tienen un efecto regresivo sobre la distribución de la renta y perjudica a quienes menos ingresos tienen.