Tras unas semanas pendientes de votos e instituciones, de política en definitiva, mañana la ciudadanía vasca está abocada a mirar a otro escenario muy diferente y muy habitual hace décadas: la Audiencia Nacional española. Allí estarán ocho miembros destacados de la izquierda abertzale como imputados, junto a sus abogados. GARA ha reunido a cuatro de ellos -dos y dos- para desentrañar, desde ambos prismas, qué objetivo esconde esta vista oral.

Quizás mucha gente en Euskal Herria piense que éste es el último cartucho judicial y político del Estado para intentar tumbar un nuevo escenario. ¿Es así?

Rafa DÍEZ: No sabemos si se puede entender como un último cartucho, pero sí está claro que es un juicio que intenta estirar un tiempo que está superado. Hay un nuevo ciclo, pero estamentos del Estado no han entrado en él. Y les decimos que no van a impedir que esto se vaya consolidando y que llegue a su fin. La sentencia tendría que ir acorde con el nuevo tiempo que se vive en este país. Debería significar un paso en ese camino irreversible, y debería ser el aldabonazo que pone cierre definitivo a todos los procesos contra la actividad política de la izquierda abertzale.

Txelui MORENO: En los últimos tiempos se ha avanzado mucho en Euskal Herria, en cuestiones que parecían imposibles. Vemos que hay un carril central, que es el de las soluciones, y el Estado también tiene que entrar en él. Esos estamentos del Estado no van a impedir que el nuevo tiempo se vaya consolidando en Euskal Herria; lo que sí pueden hacer es, tomando decisiones acordes, que ese proceso llegue a su fin en menos tiempo y, sobre todo, con menos obstáculos.

Pero, en este contexto, ¿la criminalización de la izquierda abertzale aún tiene recorrido?

R.D.: Se ha podido avanzar con casos como el de Bildu, pero en los tribunales españoles persisten los rescoldos de esa estrategia de criminalización. De ahí viene este «caso Bateragune». Está fuera de la realidad política y social de este país en los últimos dos años, pero esa inercia se mantiene y busca condicionar los nuevos tiempos que la izquierda abertzale ha abierto.

¿Por qué en este momento?

T.M.: No merece la pena entrar en disquisiciones sobre por qué esta premura. Lo que sí tenemos que constatar es que se pretende hacer una consideración penal de la apuesta de la izquierda abertzale. Por eso le planteamos a la sociedad vasca que sea consciente de la envergadura que tiene este juicio. Y al Estado le repetimos que esta nueva fase no se va a poder parar ni condicionar con procesos judiciales.

R.D.: Es momento para que desde todos sus ámbitos se tenga en cuenta que los nuevos tiempos requieren nuevas terapias.

Temporalmente, el juicio se sitúa entre el sí a Bildu y la decisión final sobre Sortu. ¿Se busca algún efecto determinado?

Iñigo IRUIN: Jurídicamente son cosas distintas, no tienen nada que ver. Bildu y Sortu son procesos constitucionales y Bateragune es un proceso penal; en Sortu y Bildu se debate el derecho fundamental a la creación de un partido político y a participar en unas elecciones, y en Bateragune lo que está en la base es la presunción de inocencia de los acusados. Pero sí hay una línea de fondo común, que se manifiesta en la actuación de la Fiscalía: su planteamiento es el mismo, que «ETA está detrás». Y también son iguales los elementos que usan, que son ciertos documentos incautados policialmente.

Son documentos que no sirvieron para vetar a Bildu...

I.I.: Pero en la medida en que son procesos jurídicos distintos, no cabe extraer conclusiones inmediatas o directas de un proceso sobre otro. Básicamente, hay tres documentos que estaban en el procedimiento de Bildu y están aquí de nuevo. El Tribunal Constitucional ha dicho sobre Bildu que con esos documentos no se puede establecer que se haya actuado bajo el control de ETA, pero ya digo que no cabe hacer una trasposición directa.

Jone GOIRIZELAIA: Con todo, la incidencia más importante sería la social. Nadie en Euskal Herria entendería una condena en este momento y creo que la respuesta social sería importante. Además, no hay que olvidar que las leyes han de interpretarse de acuerdo al momento político-social que se vive. Así lo dice el Código Civil, y el tribunal no debería ser ajeno a ello.

¿Ese «todo es ETA» no está ya muy «tocado» tras las absoluciones de ``Egunkaria'', Udalbiltza o el propio caso de Bildu?

I.I.: Creo que no hemos llegado todavía a un punto de no-retorno en esa doctrina. Este juicio, además, tiene cierta complejidad. Nos podemos encontrar con que el tribunal haga un análisis simplista y descontextualizado de los hechos. Me refiero a lo siguiente: la actividad de los acusados fue llevar a cabo una reflexión político-estratégica, realizar un debate y llegar a una clara decisión de apuesta por vías políticas y democráticas. Lógicamente, ésa no es una cuestión lineal, necesita una maduración y una serie de gestiones. Pero nos podemos encontrar con que el tribunal quiera circunscribir los hechos al momento que le marca el fiscal, que es desde marzo-abril de 2009 a octubre de 2009. Sin embargo, lo que estaban haciendo los acusados en este momento queda de manifiesto en el tiempo posterior a su detención, es decir, en los dos últimos años. Tratar de eludir todo ese tiempo posterior por un planteamiento muy estricto y riguroso de técnica procesal puede conllevar que se pierda la perspectiva global de lo que realmente se estaba haciendo. Vamos a intentar que el tribunal no lo limite...

¿Existe ese riesgo?

I.I.: Sí, porque ya hay una cuestión significativa. La columna vertebral de esta causa es que se les imputa haber impulsado un polo soberanista. EA es uno de los pilares de ese polo y, por eso, solicitamos que declararan como testigos ex dirigentes o dirigentes de EA como Carlos Garaikoetxea, Unai Ziarreta, Pello Urizar o Rafa Larreina, precisamente para que acreditaran la realidad. Sin embargo, esto se ha rechazado.

T.M.: Que se impida algo tan básico supone ya una mutilación del derecho de defensa.

J.G.: Por lo demás, la doctrina del «todo es ETA» es una idea política que se estructura por medio de informes policiales y a la que luego se le da una vestimenta jurídica. En mi opinión, no sólo está tocada, sino que hace aguas por todos los lados. Y esto ha sido reconocido por el propio instructor, señor Garzón, en un artículo de prensa. Era una situación que debía corregirse y se ha ido haciendo a través de resoluciones judiciales. La sentencia de Udalbiltza es clara: para afirmar que alguien sigue la estrategia de ETA hay que tener pruebas de cargo obtenidas legalmente que le vinculen con esa estrategia o actividad. El hecho de que ETA piense o haga reflexiones sobre alguna cuestión no quiere decir que esa reflexión sea una orden, y mucho menos que se convierta en criterio de actuaciones de quien está en algún organismo.

¿Creen que éste es un proceso a ``Zutik Euskal Herria''? ¿Van a reivindicar esa apuesta ante el tribunal?

R.D.: Eso va a estar en el juicio, con independencia de lo que haga la Fiscalía. Entendemos que es un juicio representativo de la incapacidad del Estado para amoldarse a los nuevos tiempos políticos, hasta el punto de cuestionarlos. Los acontecimientos de estos últimos años han dejado en evidencia las acusaciones que se vertían sobre quienes fuimos detenidos. La sociedad vasca es consciente de la aportación que se realizaba en ese momento, que puede ser dinámica con el tiempo, pero es muy clara. Lógicamente, vamos a reivindicar el protagonismo en la conformación de la ponencia que dio paso al cambio de estrategia definido por las bases de la izquierda abertzale. Sí queremos que este juicio se pueda convertir en un bumerán contra los nostálgicos del pasado y que podamos seguir trabajando, constatando y afianzando una apuesta política que es irreversible y que está por encima de cualquier interferencia o cualquier provocación.

Esa batalla de la credibilidad la han ganado en Euskal Herria, pero ¿cómo se logra que esa convicción general impacte en un tribunal español?

R.D.: En estos dos años, no sólo la sociedad vasca lo ha entendido: hemos visto, leído y comprobado que también los ámbitos del Estado lo entienden. Son conscientes de que ha habido una reflexión estratégica y unos cambios nítidos que han tenido repercusión ante la sociedad vasca y la comunidad internacional. No es sostenible lo que algunos quisieron plantear a la opinión pública hace dos años.

I.I.: Muchas veces se utiliza la expresión «juicio político», lo hemos visto en todos los casos de organizaciones vascas juzgadas en la Audiencia Nacional, pero en este caso creo que es aún más claro. No lo decimos nosotros, lo dice el propio Ministerio Fiscal. ¿Qué conductas son las que se están imputando? Cuatro iniciativas: Aberri Eguna de 2009, 1º de Mayo de 2009, huelga general del 21 de mayo de 2009 y elecciones europeas de junio de 2009. Eso fue patente desde el primer momento. Si cogemos el interrogatorio que le hizo el fiscal a Rafa Díez ante el juez Garzón, lo vemos claro: «comicios al Parlamento Europeo», «convergencia abertzale», «aproximación con EA», «participación en el Aberri Eguna», «intervención en un mitin de Iniciativa Internacionalista», «conversaciones con Tasio Erkizia sobre la huelga general»... El carácter político de este juicio está en las actividades estrictamente políticas por las que se interesa la Fiscalía.

¿Todas las «pruebas» son policiales?

I.I.: La práctica totalidad. El sumario no es muy amplio, siete tomos, y en ellos hay casi una veintena de informes policiales.

Las últimas sentencias han desacreditado la figura de los «peritos» policiales. ¿Y ahora?

J. G.: Partimos de que la acusación se articula en base a lo que denominan «informes de inteligencia», que aunque tengan ese nombre rimbombante no dejan de ser meros atestados. La clave está en el valor que se les da. Si la Sala entiende que no necesita un conocimiento técnico específico porque sólo se trata de analizar esos documentos, no se necesita una prueba pericial, y esa interpretación deja a este juicio y todos los de estas características sin prueba de cargo.

I.I.: Intentaremos que se quite el carácter de prueba pericial. Máxime cuando la Sala del 61 del Supremo, en el caso de Sortu, ya dijo que no eran informes periciales y calificó a los policías de testigos o, en todo caso, de testigos-peritos y les hizo comparecer individualmente y no conjuntamente, como pasa con los peritos. ¿Ésta va a ser la posición de la Sección Cuarta? Veremos. En la Audiencia Nacional ya hay secciones que se han posicionado, pero precisamente la Cuarta no tiene fijado un criterio al respecto. En la Primera, por ejemplo, ya hemos visto en ``Egunkaria'' o Udalbiltza que se han descalificado esos informes, y en la Segunda también, sobre el acto de Anoeta.

¿Les preocupa la composición de este tribunal?

I.I.: Atendiendo a las últimas sentencias, la Sección Cuarta es por ejemplo la que condenó a Marian Beitialarrangoitia [ex alcaldesa de Hernani], lo que luego revocó el Supremo. Es también la que acaba de recibir un varapalo del Tribunal Supremo, hace tres semanas, por haber condenado a cuatro personas en base a declaraciones exclusivamente policiales y en régimen de incomunicación. Y se le ha anulado, concretamente a su presidenta [Ángela Murillo], la sentencia que condenaba a Arnaldo Otegi por el «caso Gatza». Desde luego, no son precedentes que nos lleven a tener gran confianza. Pero bueno, es el tribunal que nos toca.

J. G.: La defensa no teme la composición del tribunal, teme que el tribunal utilice criterios y argumentos ajenos a lo jurídico para dictar sentencia. Y en este sentido no hay que olvidar que la presidenta en particular, y la Sala en general, fueron objeto de análisis ante el Tribunal Supremo por sus actitudes, comentarios y comportamientos y se llegó a la conclusión de que había prejuicios contra Arnaldo Otegi, por lo que su actuación no era imparcial. La falta de parcialidad no es para un caso sí y para otro no. Esto es algo que planea sobre el tribunal y su composición, y sobre las mentes de todos los que vamos a comparecer en la sala de vistas, y así ha sido manifestado además en nuestro escrito de conclusiones.