«La tortura como receta: de la lucha antiterrorista a la represión de la primavera árabe». Así ha titulado Amnistía Internacional (AI) el informe publicado al hilo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura que se conmemora hoy. Esta organización constata que «la práctica de la tortura y los malos tratos es generalizada» en todas las regiones del mundo y que el año pasado documentó casos específicos en 98 estados.

AI denuncia que la tortura y los malos tratos son «viejas recetas aplicadas con diferentes excusas», pero que cuentan con un elemento común en muchos lugares del mundo: «la casi total impunidad y la ausencia de rendición de cuentas de los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos». A este respecto, hace hincapié en que, a pesar de las numerosas denuncias de abusos, «muy pocos de sus autores han sido obligados a responder de sus actos, y casi siempre han sido funcionarios de baja graduación».

El comunicado publicado junto al informe ofrece un epígrafe específico para tratar la situación en el Estado español. Su título es revelador: «España: el empeño de negar la evidencia». AI hace referencia «a la falta de medidas de los sucesivos gobiernos para tratar el problema de la tortura», lo que «ha exacerbado un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato año tras año».

Abolir la incomunicación

Recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones al Estado español por no investigar de manera adecuada las denuncias de tortura. «En 2010 continuaron estas denuncias», inciden. De hecho, en lo que va de 2011 una docena de personas han denunciado haber sufrido torturas durante el periodo de incomunicación; los últimos, los hermanos Aitor e Igor Esnaola, de Legorreta, y el vecino de Villabona Lander Etxeberria.

Amnistía Internacional recuerda que Naciones Unidas recomendó al Estado español «la abolición del régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades `terroristas'», y que el Gobierno volvió a rechazar estas sugerencias. Es más, la organización matiza que «España es el único país de la Unión Europea que conserva un régimen de detención con restricciones tan severas de los derechos de las personas detenidas». Éstas pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su arresto a su familia ni a sus amistades. Asimismo, destaca que el periodo de incomunicación puede imponerse antes o después de que la persona detenida comparezca ante una autoridad judicial y que puede alargarse, incluso, hasta trece días.

A su juicio, las denuncias de tortura formuladas por las personas arrestadas, demuestran las graves consecuencias que este régimen de detención puede tener y, por ello, al igual que lo ha hecho anteriormente en numerosas ocasiones, exige su derogación, así como «la garantía de protección efectiva de los derechos de todas las personas privadas de libertad, conforme a las normas internacionales».

AI también considera necesario que se lleven a cabo «investigaciones independientes» sobre las denuncias y que se garantice una reparación plena a las personas que hayan resultado perjudicadas. «Las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto tienen derecho a conocer la verdad sobre, incluida la identidad de los autores», enfatiza.