Rafa Díez, Amaia Esnal, Sonia Jacinto, Txelui Moreno, Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez, Mañel Serra y Miren Zabaleta se verán obligados a sentarse en el banquillo de los acusados hoy -si se sigue el guión previsto, a partir de las diez de la mañana- para responder por su dedicación a la política.

Otegi, Zabaleta, Jacinto y Rodríguez permanecen en prisión desde que fueron detenidos el 13 de octubre de 2009. Sus cuatro compañeros se encuentran en libertad condicional a la espera de la resolución de este proceso judicial. Hoy los ocho se reunirán en la sala de vistas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pide para cada uno de ellos diez años de cárcel bajo la acusación de haber intentado reconstruir Batasuna tras la ilegalización de la formación abertzale a través de lo que denomina «grupo Bateragune». Es más, el fiscal Vicente González Mota asegura en su escrito de acusación que la tarea de Bateragune consistía en «llevar la confrontación política hasta el punto más álgido», para lo que actuaría en una doble dirección: la «neutralización de cualquier espacio de la izquierda abertzale sin ETA» y la «acumulación de fuerzas para la construcción nacional a través de un polo soberanista subordinado a los fines y métodos de ETA».

Esta última acusación hace más evidente, si cabe, el objetivo de la actuación de la Fiscalía, de las fuerzas policiales que elaboraron los informes en los que se basa la primera y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no ha ocultado su empeño en mantener fuera del juego político e institucional a la izquierda abertzale y, en general, al independentismo vasco.

Contradicción

Como recogía GARA en su edición impresa de ayer, los procesados consideran que, tras unas semanas en las que el apoyo social a la apuesta de la izquierda abertzale ha quedado muy claro en Euskal Herria, el inicio de este juicio supone en sí mismo una contradicción tanto jurídica como política. Subrayan que es, precisamente, porque su apuesta por las vías políticas está obteniendo un amplio respaldo por lo que el Estado español intenta castigar a la izquierda abertzale en los tribunales.

No obstante, tanto los procesados como los letrados que ejercen su defensa consideran que la única sentencia posible es la absolución, porque «nadie en Euskal Herria entendería una condena» por esta causa. Tampoco la entenderían muchas formaciones políticas, sindicales y solidarias de fuera de nuestro país que en las últimas semanas han ido mostrando su apoyo a los procesados.

También se espera que esa solidaridad llegue hoy hasta las mismas puertas del tribunal español en Madrid, a donde está previsto que se desplace una amplia representación de grupos políticos, sindicales y sociales vascos.

Esa muestra de solidaridad fue la que ofrecieron ayer mismo cientos de vecinas y vecinos de Burlata a Txelui Moreno, en una movilización que se celebró al mediodía. En Irunberri, el sábado, medio centenar de personas hicieron lo mismo, en un acto en el que también recordaron a Susana Arregi y Jon Lizarralde.

Durante la jornada de hoy se repetirán este tipo de actos en las capitales y en otras muchas localidades vascas. A partir de mañana, la plaza Zuloaga de Donostia acogerá una serie de actividades que se prolongarán ininterrumpidamente hasta el sábado, día en el que se celebrará una manifestación nacional en la capital guipuzcoana.