El código que han suscrito tanto los militantes del ilegalizado partido político Sortu como los cargos públicos de la coalición Bildu es nítido en referencia al uso «activo de la violencia». En concreto, los firmantes dicen en el texto que firman «actuar utilizando única y exclusivamente vías/métodos políticos, pacíficos y democráticos, lo que lleva aparejada la oposición por todos los medios que legítimamente tenga a su alcance, a cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para lograr objetivos políticos».

No parece, sin embargo, tan sencillo. Tenemos memoria y recordamos que, hace apenas unas semanas, el Tribunal Supremo español decía que eran candidatos que condenaban la violencia de ETA, pero «utilizando ante el terrorismo la misma prosa elíptica y perifrástica de Sortu». Los «independientes», según el Supremo, eran sedicentes, es decir, fingidos. También lo percibió el fiscal general y el abogado del Estado. Demasiado obvio. El Supremo añadió: «las condenas de la violencia han sido incluso recomendadas por ETA».

La firma de este texto, a pesar de las suspicacias del Supremo, es un hecho insólito en la política vasca y qué decir de la hispana, plagada de pasajes violentos desde siempre. España es foco de violencia per se. Desde sus más altas instituciones (Estado, Gobierno, Ejército, Iglesia, consejos de administración, etc.), se ha jaleado la violencia como una forma más de hacer política.

Ofrecida esta novedad deontológica para aclarar las intenciones de centenares de electos, la parte contratante de la primera parte, como dirían los hermanos Marx, exige a estos mismos electos una condena de las expresiones violentas de un sector del pueblo vasco que, desde 1961, consideró que la violencia (lucha armada), era un instrumento válido para la liberación de su país.

Tanto Bildu como Sortu nacieron en alto el fuego de ETA «permanente, general y verificable». Ello no es óbice para que la parte contratante de la primera parte pida a ambos grupos la condena retroactiva. Para el resto de expresiones políticas que un día conformaron lo que se ha llamado izquierda abertzale histórica no hay peticiones expresas. Decenas de sus dirigentes están en prisión y las formaciones ilegalizadas son eso, ilegales. La espada de Damocles pende, según la Policía, sobre más de 40.000 personas «fichadas» por ser abertzales de izquierdas. Etarras para numerosos medios de comunicación y los jueces que siguieron la estela de Garzón.

La parte contratante de la segunda parte de esa delirante «Noche en la Ópera» va más allá que la primera y, ligando conceptos éticos con religiosos, pide un arrepentimiento de electos y votantes como condición previa para poder hacer política. Un poco irrisorio vistas las trayectorias de quienes hacen política en el seno de esta segunda parte que, en realidad, debería ser la primera del contrato. O al revés, la contratante de la segunda... ¡Uy, qué lío!

La iniciativa deontológica de los electos de Bildu, por salir de este embrollo propio de los Hermanos Marx, podría ser trasladada a las decenas de miles de concejales, alcaldes y elegibles de las listas de todos los grupos que han concurrido a la elecciones en el Estado español. De todos los signos, de derecha y de izquierda, de centro y de periferia. Rojos, azules, morados, rosas... A todos. Sería una buena iniciativa, la prueba del algodón de que Bildu no es una aguja en un pajar. La primera parte de la parte contratante tendría la palabra, para empezar.

Imagínense a decenas de miles de firmantes de un código ético contra la violencia. De esa manera, las expresiones actuales de tortura y de asesinato impune, por ejemplo, serían erradicadas. Si Iñaki Uribe, candidato del PSOE a la alcaldía de Azpeitia, la hubiera firmado, quizás daría crédito a la denuncia de Beatriz Etxeberria, violada con el palo de una escoba, según denuncia, en una comisaría este mismo año. Porque para Uribe, según sus palabras, «esas informaciones no tienen credibilidad». No existe la tortura. Con frases como la suya se ayuda a perpetuarla.

Si hubieran firmando una declaración como la de los electos de Bildu Carmen Chacón, Pérez Rubalcaba y Rodríguez Zapatero, no estarían matando niños en Libia o adolescentes en Afganistán. Porque, ya lo ha dicho Garzón y una corte de jueces hispanos, unos ordenan el escenario y otros ponen las bombas. Unos tienen los dedos para firmar proclamas y mandatos, muy finos en ocasiones, y los otros aprietan el gatillo. Impunidad para todos.

¿Se acuerdan...? Hace unos meses, 22 de marzo de 2011. Josu Erkoreka, jeltzale de traje y corbata impecable: «aval claro e inequívoco del PNV a la intervención de España en Libia». Tres días antes, Erkoreka lo sabía como un servidor que apenas abre los periódicos, unos niños morenos eran los primeros efectos colaterales, mortales, de las fuerzas «pacificadoras». Ay, señores Erkoreka, Urkullu, Bilbao... ¿por qué no firman ese código ético contra la violencia?

Pura hipocresía la de ustedes. Delegan en subcontratas el ejercicio de la violencia. Cuanto más lejos mejor para no sufrir los efectos de la onda expansiva. Es un error llamarse Mohamed, Yasin, Abdullah, Naila, Saira, Fatima, Zamira, Tarik... Vuestras vidas, chavales, no valen un céntimo. No tenéis nombre ni siquiera en las noticias. No tenéis padres, hermanas, hermanos, juguetes, infancia. Mejor no haber nacido. Sólo los Eduardos, Josus, Marías, Antonios, etc. tienen derecho a un funeral digno. Con bandera y medalla póstuma.

En 2009, después de la ofensiva militar de Israel contra Gaza en la que murieron 1.400 palestinos, Tel Aviv compró a España miles de nuevas armas, bombas y cohetes. Los palestinos siguen muriendo ¿Por qué no firman ministros, miembros de los consejos de administración de esas más de 200 empresas implicadas, banqueros... un código anti-violencia? No estaría de más. Aplaudiría. Sin tanta letra como el exigido a Bildu. Con una frase sería suficiente.

Si otros hubieran firmado la declaración hace sólo ocho años, se habrían ahorrado, por ejemplo, la responsabilidad sobre centenares de miles de muertos en Iraq, muchos de ellos niños. Ana Palacios, Acebes, Aznar, Trillo, Rajoy... sólo una firma de un documento contra la violencia y todo habría sido distinto. De verdad que sí. Habría creído a pies juntillas en sus intenciones, en el rechazo a la violencia, en su compromiso con la paz. En el documento de la segunda parte contratante.

Si nos vamos al código deontológico retroactivo, ¿lo firmarían Felipe González, Pepe Barrionuevo, Ramón Jáuregui, Txiki Benegas, Adolfo Suárez, Martín Villa? Retrocedamos unos días en las cuentas del rosario. Sólo unos días. Javier Solana, Milans del Bosch, Iniesta Cano, Cassinello, Brunete, Tejero, Corcuera, Sáenz de Santamaría... la OTAN española en Kosovo y Bosnia, hace quince años. Repartiendo la muerte a diestro y siniestro.

En fin, un embrollo. Ya lo dijo Groucho: «Haga el favor de poner atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que... la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte». Todo enredo tiene su solución correspondiente. ¿No era el símbolo de Bildu una madeja colorida que se iba desenrollando?

A lo dicho. Soy un humilde escribidor que, aunque no me gano la vida juntando letras, ni siquiera imaginándolas, tengo mis sueños. Y uno de ellos, ya lo habrán adivinado, es salir de esta espiral que nos invade desde hace demasiado tiempo. Para ello nada mejor que la propuesta anterior. Renovada. Que ese código ético que han firmado los electos de Bildu se extienda al resto de formaciones políticas. Que populares, socialistas, jeltzales, comunistas, etc. lo firmen. A ver si así, al margen de pedirle a ETA lo que se le pide, dejan de morir tantos niños y adultos por todo el mundo. Que ETA se ha responsabilizado de la muerte de 829 personas. Muchas. Pero el resto ¿de cuántas? De cientos de miles. Hasta ahora escondidas debajo de la alfombra.