El juicio que se está celebrando desde el pasado lunes contra ocho militantes de la izquierda abertzale ha despertado un rechazo generalizado en Euskal Herria, no sólo entre la mayoría de agentes políticos y sociales, sino también entre la ciudadanía, que no comprende cómo se puede juzgar a personas que, como sus propios adversarios reconocen, han trabajado abiertamente para alcanzar un escenario de paz. Ese era el sentir de este país antes incluso de que comenzara la vista oral. En este caso, sin embargo, ese sentimiento ha traspasado de forma generalizada nuestras fronteras, y lo que se ha podido ver y oír estos cinco días en la Audiencia Nacional no ha hecho sino acrecentarlo.

Son muchas las personas que han podido escuchar de primera mano, sin pasar por el filtro de unos medios habitualmente tendenciosos en esta materia, las declaraciones de Arnaldo Otegi, Rafa Díez y el resto de acusados y testigos, y al Estado español le va a costar explicar qué hacen todavía imputados y por qué les quiere condenar. No es de extrañar, en este sentido, que más de ochenta personalidades catalanas hayan firmado un manifiesto para expresar su oposición a lo que consideran sin duda un «juicio político», o que el Friendship, grupo de apoyo a un proceso de solución en Euskal Herria formado por europarlamentarios, haya decidido mandar una representación al juicio, debido a su trascendencia. El emplazamiento realizado desde Madrid por el eurodiputado corso Francois Alfonsi fue claro al pedir a las autoridades españolas que hagan «una aportación positiva» a un nuevo tiempo político que hasta ahora han sembrado de obstáculos.

La solidaridad internacional será un elemento determinante para que el proceso de transición hacia un escenario democrático en Euskal Herria culmine más pronto que tarde, pero sus posibilidades de éxito pasan en todo caso por la movilización de la sociedad vasca, tal como ha quedado demostrado en los últimos meses. Esta tarde en Donostia hay una buena ocasión de exigir el fin definitivo de los juicios políticos y reclamar que todos los derechos sean respetados.