El Consejo de Ministros español dio ayer rango de ley a las resoluciones aprobadas esta pasada semana por el Congreso español para la protección de las víctimas de ejecuciones hipotecarias, entre las que se encuentra el incremento de la cuantía de los ingresos inembargables cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, queda todavía un saldo vivo de deuda.

Si hasta ahora la cuantía se limitaba al salario mínimo interprofesional (SMI), ahora esa cuantía se elevará hasta el 150% del SMI, es decir, de poco más de 700 euros hasta 960 euros. Además, si existen otros familiares (miembros de la familia nuclear) sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional por cada uno de esos familiares.

Otra de las medidas aprobadas la constituye el aumento del 50% al 60% del valor de tasación del precio mínimo de un inmueble subastado. Los embargados, tras la subasta de su piso, deben pagar la cantidad restante hasta completar el crédito que les concedió la entidad bancaria, por lo que les interesa que el precio que alcance en subasta sea lo más alto posible.

Entre esas medidas, sin embargo, no se encuentra la propuesta de imponer la dación en pago -saldar una deuda hipotecaria sólo con la entrega de la vivienda-, una figura que ha sido avalada en ocasiones por los tribunales y que está en vigor en varios países europeos.

Paralización de embargos

Tras conocer el contenido de las medidas, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) las calificó ayer de «miserables y engañosas», ya que ninguna de ellas, dijo, resuelve los problemas de las familias que pasan por procesos de ejecución.

El aumento del salario que es inembargable por el impago de una deuda, una vez que ya se ha perdido la vivienda, tiene un «significado vacuo» para la Asociación, porque las familias siguen debiendo las mismas cantidades a su entidad financiera.

Su petición es que se paralicen los embargos de viviendas de forma inmediata y durante un plazo de tres años.

Según las cifras recogidas por esta asociación, en todo el Estado español se han producido 300.000 embargos en los últimos tres años y medio de crisis, y en otros tantos ya se han iniciado los procedimientos.

Los hogares que no han pagado la letra en algún momento alcanzan el medio millón, aunque sin llegar a dejar de pagar tres meses seguidos, que es cuando se califica a alguien como moroso.