La petición de diez años de cárcel para Arnaldo Otegi y Rafa Díez y de entre ocho y nueve años para otros tres imputados del «caso Bateragune», constituye un hecho muy grave, en tanto que representa la respuesta del Estado español a la apuesta de la izquierda abertzale por las vías pacíficas y democráticas. Sólo cabe hacer una lectura política de lo expuesto ayer por el fiscal Vicente González-Mota, porque jurídicamente el caso nunca ha tenido base, y menos después de lo visto y oído en el juicio. El único hecho probado es que personas que hicieron y mantienen una apuesta decidida por un nuevo tiempo en el que la violencia sea cosa del pasado y en el que todos los derechos sean respetados, fueron primero detenidos y encarcelados y ahora se enfrentan a duras penas de prisión. La represión sigue siendo la única oferta del Estado y de sus gestores, en este caso el PSOE, a Euskal Herria. Esa es la preocupante constatación que toca hacer hoy.

Estamos, por tanto, ante una decisión política que el representante del Ministerio Público pretendió vestir con ropajes jurídicos, aunque no lo tuvo fácil, ante la endeblez de la exposición realizada por los policías cuyos informes sostienen la acusación. Su pretensión de invertir la carga de la prueba -«los acusados no han demostrado que no son de ETA»- o sus constantes apelaciones a la decisión del Tribunal Supremo sobre Sortu -¿dónde quedará su argumento si el Constitucional revoca la ilegalización de este partido?- muestran la extrema debilidad de la tesis acusatoria. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha sido escenario de sentencias condenatorias con «pruebas» de la misma enjundia.

Esta respuesta, violenta, del Estado, demuestra que la apuesta de la izquierda abertzale le hace daño y que se siente fuera de lugar en el nuevo escenario. Si la izquierda abertzale actuara empujada por la debilidad, si estuviera en un proceso de rendición o de acomodamiento, no sería perseguida ni reprimida como lo está siendo. Esa represión, sin embargo, es en este caso síntoma de impotencia. Arnaldo Otegi ya lo dijo hace dos años en el Anaitasuna: la izquierda abertzale nació para vencer, no para resistir. El Estado entendió bien estas palabras, por eso quiere mantenerle preso.