La organización ecologista Sustrai Erakuntza ha alertado de que las obras del TAV en el tramo entre Iruñea y Castejón podrían arrancar con la declaración de impacto medioambiental caducada, y es que la licencia obtenida en el 2004 contaba con cinco años de vigencia. De cumplirse el plazo fijado por el Gobierno navarro saliente, el inicio de los trabajos de esta infraestructura se puede dar en unos días, ya que se apuntó la posibilidad de colocar la primera piedra del tramo en este mes de julio.

No es la primera vez que Sustrai denuncia esta situación y recuerda que durante el pasado año advirtió de este vacío legal al Ministerio de Fomento español, así como al Ministerio de Medio Ambiente. El colectivo aclara que interpuso esta denuncia para «evitar costos a las administraciones públicas en el comienzo de la obras».

Dichos estamentos, además de hacer caso omiso a la advertencia de Sustrai, emitieron sendas cartas a los ayuntamientos afectados en un intento de actualizar la declaración de impacto medioambiental. Desde Sustrai señalaron el carácter ilegal de estos documentos y decidieron acudir a la Audiencia Nacional, al considerar «el camino para ganar en efectividad y rapidez». El tribunal especial español admitió a tramite el recurso presentado por la asociación ecologista, aunque aún no se ha dictado sentencia al respecto.

El Ejecutivo saliente mostró su deseo de comenzar las obras en el tramo entre Iruñea y Castejón este verano y adelantaron que la primera piedra se pondría en julio. Pablo Lorente, integrante de la asociación Sustrai, no da credibilidad a los plazos marcados por el Gobierno saliente y remarca que fueron fijados antes de la campaña electoral.

«Despilfarro»

Lorente quiso resaltar también el coste económico y el impacto social que puede tener este tipo de infraestructura en la sociedad navarra. En lo que respecta al ámbito económico, señaló que la obra puede costar alrededor de cien millones de euros, lo que, a los ojos de Pablo Lorente, supone «un despilfarro» en una situación de crisis económica y pobreza como la actual.

En lo social, para el colectivo Sustrai Erakuntza, el Corredor Navarro y la «Y vasca» suponen un «atentado en toda regla» a la actual legislación en materia de medio ambiente. «Un ataque frontal a la salud de las personas», apostillan. «Es un despilfarro económico enorme y una gran mentira a nivel de opinión», sentenció Lorente.