La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra recibió ayer el apoyo de Carlos Urquijo (PP) y Carlos Sevillano (UPyD), miembros de las dos únicas formaciones que han mostrado rechazo ante la reducción de escoltas de Lakua en el nuevo contexto político.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbo, el vocal de la asociación Jon Martínez señaló que la reducción prevista por el Ejecutivo de Gasteiz, que prevé el cese de la labor de medio millar de guardaespaldas el próximo septiembre, es una decisión «peligrosa y precipitada».

Durante su intervención, Martínez explicó que la decisión del Gobierno autonómico, que el pasado mes de noviembre sacó a concurso público los servicios de protección para cargos públicos, traerá consigo el despido de los escoltas adscritos al Ejecutivo de Patxi López.

En opinión del vocal, se necesita «voluntad política» para que el sector no quiebre en la actual situación de alto al fuego general de ETA. «No pedimos que nos prejubilen con 45 años, sino tiempo para poder racionalizar esa disminución de servicios para encontrar una canalización no traumática para la salida de los trabajadores», dijo.

Asimismo, Martínez acusó a Lakua de mostrar una «insensibilidad social» por no alcanzar un acuerdo. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de la CAV se fundamenta en informes policiales que recomiendan que se desdoblen los servicios de protección, dotando de un solo escolta a cada protegido.

Esta medida no se ha extrapolado de momento al Ministerio de Interior español, que, según la asociación de escoltas, está cumpliendo lo acordado con la misma. No obstante, Martínez reconoció que en el caso de adoptarse en el Estado español la misma decisión que en la CAV, la cifra de afectados podría alcanzar el millar.

Por ello, y como última alternativa, el vocal de la asociación solicita al Gobierno autonómico que paralice hasta fin de año la decisión de recortar el servicio. Una apuesta que afirma que ha despertado el malestar entre los 1.200 escoltas que actúan en Hego Euskal Herria.

En su lugar, Martínez apostó por abrir una mesa de negociación en la que participen los agentes sociales implicados, las empresas de seguridad y los sindicatos que representan a los escoltas, en este caso la propia asociación.