El Cuerpo de Policías de Carreteras, antecedente inmediato de la Policía Foral, fue creado por la Diputación Foral navarra en 1928. Para ingresar en él sólo hacía falta tener nacionalidad española, entre 25 y 40 años, talla mínima de 1,65 metros, saber conducir una motocicleta, leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Su nombre lo decía todo sobre su función: el control viario. Y así se mantuvo, casi intacto, hasta los años 80. Sin embargo, de la mano de los gobiernos de UPN la Policía Foral ha experimentado un crecimiento exponencial en número de agentes, con la clara intención de convertirla en una «policía integral», es decir, susceptible de ser utilizada para labores como la represión política.

Esta evolución ha sido encomendada a jefes procedentes del Ejército español, la Guardia Civil y la Policía española; de este cuerpo procedía el último mandatario ahora relevado, Alfonso Fernández Díez, que anteriormente dirigió la Comisaría de la Policía española en Iruñea y lideró la ofensiva contra la kale borroka en la capital navarra. Ahora, el nuevo Gobierno UPN-PSN anuncia un giro al situar en la cúpula a un agente de la Policía Foral: Gerardo Goñi Ilundain. Pero el problema principal es la filosofía de expansión del cuerpo. La inflación de la plantilla con la intención de ocupar competencias de orden público resulta contradictoria con el actual escenario político, en el que por ejemplo se admite ya abiertamente la reducción de servicios de escoltas.

El naturalista Jean-Baptiste Lamarck explicó hace dos siglos que «la función crea el órgano». El consejero de Interior del Gobierno navarro y líder del PSN, Roberto Jiménez, se encuentra con lo contrario: tiene un órgano llamado Policía Foral que no dispone de función. Al menos, no para los 1.200 agentes previstos.

Jefe foral, una década después

La apuesta por un jefe procedente del cuerpo ha sido presentada como gran novedad por Jiménez, pero en realidad llega con una década de retraso. Ya en 2001 el Parlamento navarro aprobó, a iniciativa de IUN y con los votos de todos los partidos salvo UPN, una nueva regulación que establecía que la Policía Foral no tendría que ser necesariamente dirigida por alguien procedente del Ejército español o las FSE. Miguel Sanz calificó de «bodrio» esta medida. Y justo en ese momento, la entonces alcaldesa de Iruñea y ahora presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, encomendó la dirección de la Policía Municipal de la capital a otro militar llamado Simón Santamaría.

En los quince años de gobiernos de Miguel Sanz (apenas un quinto de su casi centenaria historia), la Policía Foral ha pasado de 350 a casi 1.200 agentes. Expansión que no se justifica por la asunción de nuevas competencias, pero que sí ha dado pie a desarrollar su vertiente de policía política. El dato más contundente al respecto fue la elección de Alfonso Fernández Díez como jefe máximo en 2005.

Fernández había sido máximo responsable de la Policía española en Nafarroa entre 1996 y 2003. Pero antes ya había hecho muchos méritos de ese nivel en Bilbo, donde fue primero jefe de Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, luego secretario general de la Jefatura Superior de Policía, y más tarde jefe de la Brigada Provincial de Información. El comisario llegó a Iruñea en 1996 con la misión declarada de combatir la kale borroka, un fenómeno que tenía gran intensidad en la capital navarra. Pocos meses después, desde la comisaría de la calle General Chinchilla se desarrollaron una serie de redadas concatenadas en las que fueron detenidos 114 jóvenes, muchos de ellos menores, y que deparó múltiples denuncias de torturas. Con ellas se conformó el mayor sumario conocido por kale borroka en toda Euskal Herria, el denominado 8/97. Fue juzgado finalmente una década después con una petición fiscal total de 401 años de cárcel, pero la condenas fueron bastante menores (26 años y diez meses para nueve acusados).

Con ese bagaje a sus espaldas, UPN «fichó» a Alfonso Fernández para liderar la expansión de la Policía Foral. En estos últimos años las acusaciones de militarización del cuerpo se han sucedido tras cargas como la realizada contra un concierto prefiestas en Berriozar en 2008, con el argumento de que había una banderola por los presos, la producida en la Nochevieja en 2007 en Arbizu o la actuación contra las txosnas de Arrosadia en el mismo año. La escalada desembocó en un ataque a una patrulla en Alde Zaharra de Iruñea; el joven Hodei Ijurko ha sido condenado a diez años de cárcel por el Tribunal Supremo.

El intento de equiparar a la Policía Foral con otros cuerpos como la Ertzaintza quedó claro en su implicación en la campaña contra las fotos de presos o en el hallazgo casual en Baztan de «partes» de los forales que revelaban un intenso seguimiento a militantes de la izquierda abertzale, en 2009.

Fernández ha acabado su etapa enfrentado completamente a los representantes sindicales de la Policía Foral y se reintegrará ahora a la Policía española. La Comisión de Personal se ha despachado a gusto para despedirle. Ha dicho de él que «nunca debió ser elegido», que ha sido «absolutamente individualista, nunca contó con apoyo alguno y tampoco lo buscó», y que «ha pretendido instalar un régimen clientelar que convirtiera a la Policía Foral en su cortijo particular».

En cualquier caso, lo que no ha sido una novedad es que el antiguo Cuerpo de Policía de Carreteras estuviera bajo mando militar o policial español. Antes de Fernández ocuparon el cargo dirigentes de la Guardia Civil y el Ejército español. Uno de ellos, José Luis Prieto, murió en atentado de ETA en Iruñea dos años después de dejar el cargo.

Controles antidroga y de tráfico

Durante años, el imparable aumento de la Policía Foral se ha justificado con dos argumentos: la apuesta por un cuerpo «integral» (un eufemismo relativo al intento de utilización contra la disidencia política en general y ETA en particular) y el afán de asumir en exclusiva las competencias de tráfico. Los dos argumentos pierden sentido con el paso del tiempo. El primero, por motivos obvios. Y el segundo, porque el Gobierno del PSOE tampoco ha accedido a la retirada de la Guardia Civil de las carreteras navarras. Si en la segunda mitad de los años 90 fue Jaime Mayor Oreja el ministro de Interior que se negó a ello, argumentado que sería perjudicial para la lucha anti-ETA, ahora ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba quien lo ha hecho esgrimiendo que con el sistema de control mixto «la mortalidad en Navarra se ha reducido en un 53%» y que por tanto «no veo por qué hay que cambiarlo». La senadora de UPN María Caballero le recordaba en setiembre pasado que la Policía Foral es perfectamente capaz de asumir esa tarea de modo exclusivo porque «ya tiene más de 1.000 agentes».

La oposición se registra también a nivel de base, como suele ser habitual en estos casos. Así, en 2007 la Unión de Guardias Civiles arremetió contra la «descoordinación» en la atención de accidentes: «Reiteradamente se viene observando que no se sigue un criterio de proximidad y rapidez en acudir al suceso». Según afirmó, en algún caso habían coincidido hasta cinco patrullas en un mismo tramo. Este tipo de fricciones se han reproducido de modo puntual.

Así las cosas, en los últimos años a las funciones habituales de vigilancia de edificios oficiales o brigada ecológica se han sumado otras como la lucha contra la violencia de género, en la que la Policía Foral ha cosechado críticas por su tardanza en resolver la desaparición de Mari Puy Pérez -hallada enterrada en Sesma tras nueve meses desapare- cida- o por el caso de María Ángeles Germán -que se trató como supuesto asesinato cuando la mujer había fallecido al caer con su coche a una acequia en Urbiola-.

Con su amplio contingente, la Policía Foral también ha asumido el control de juegos y espectáculos (incluido el encierro de Iruñea), y ha potenciado la función de auxiliar a las policías municipales en caso de necesidad (lo que provocó conflictos también en fiestas como las de Gares). Pero sobre todo se ha volcado en la tarea de realizar controles antidroga en las carreteras, en ocasiones con una importante parafernalia armamentística. Sin ir más lejos, en los pasados sanfermines de Lesaka realizó 71 incautaciones de droga entre los días 6 y 10, una cifra que casi triplicaba la del año anterior.

Está claro, sin embargo, que el incremento de la Policía Foral se había diseñado para otras misiones. No hay más que leer la despedida del comisario Fernández Díez, orgulloso de que ha cambiado un cuerpo que a su llegada «no tenía experiencia en seguridad ciudadana, en diferentes áreas de investigación o en la información».