La propuesta para incluir en la Constitución española un límite de déficit para las administraciones públicas se está convirtiendo en una patata caliente para el PSOE, en cuyo seno se han escuchado ya numerosas voces críticas.

«Que salgan discrepantes con esta cuestión es relativamente grave, en la medida en que es comprensible que haya un debate sobre esto», trató de quitar hierro Elena Valenciano, coordinadora del Comité Electoral y por tanto responsable de la campaña de su candidato en las elecciones del 20 de noviembre, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Valenciano preparaba quizá el terreno a su jefe de filas, quien poco después se desvió de la línea marcada por el Gobierno al abogar, según fuentes internas del PSOE citadas por agencias, porque el texto que se incluya en la Constitución no plantee cifras concretas, sino «principios», de manera similar, por citar dos ejemplos, al «derecho al trabajo» o al «derecho a disfrutar de una vivienda digna».

Según estas mismas fuentes, los porcentajes de déficit se recogerían en la correspondiente Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que por un lado otorgaría «flexibilidad» a las administraciones para abordar sus políticas sociales y por el otro ofrecería un «mensaje claro» de compromiso con «la austeridad y el rigor».

Cabe recordar que en diferentes declaraciones realizadas desde el pasado martes, la ministra de Economía, Elena Salgado, si bien no ofreció una cifra exacta, sí aseguró que ésta sería «muy cercana a cero».

Aparentemente, el volantazo de Rubalcaba calmó las agitadas aguas en el PSOE, mientras que el PP se declaró dispuesto a llegar a un acuerdo «aunque sea sin incluir una cifra».

En contra y a favor

Al tiempo que prosiguen las negociaciones entre los dos partidos mayoritarios en el Estado español, continúa la cascada de reacciones a la propuesta. Así, Aralar criticó que el proyecto «va en contra de la autonomía de las instituciones vascas» porque «en un futuro no podrán utilizar la fiscalidad para confeccionar los presupuestos».

Desde el ámbito sindical, CCOO y UGT mostaron su «firme rechazo» a la inclusión del déficit cero en la Constitución, mientras las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME manifestaron por contra su «completo apoyo».

Cambios en los contratos

Las miradas se fijan hoy en el Consejo de Ministros que se celebra en Madrid, donde el Gobierno Zapatero dará luz verde a una serie de modificaciones en algunos modelos de contratación. A falta de confirmar negro sobre blanco las pretensiones del Ejecutivo, se da por seguro que se instaurará -hasta 2013-, la opción de realizar contratos de formación de hasta tres años de duración a menores de 30 años. Hasta ahora se podía hacer hasta los 21 años y transitoriamente a los menores de 25 años hasta finales de 2011, con una duración de dos años.

También se suspenderá por dos años la obligación de hacer fijos a los trabajadores que en un periodo de 30 meses hayan encadenado contratos temporales por un total de 24 meses.

El decreto asimismo ampliará hasta 2012 el plazo para que los contratos temporales puedan convertirse en contratos de fomento del empleo indefinido y prorrogará por seis meses los 400 euros de ayuda a desempleados sin prestaciones.