Cabe decir que nada nuevo se vislumbra en el horizonte. La historia nos muestra cómo en todos los pueblos subyugados por una nación más poderosa o mejor armada, la administración de justicia ha sido de capital importancia. Por eso siempre se ha procedido a un estricto control de ésta. No sólo se ha tratado de imponer una ordenamiento jurídico determinado, con alguna salvedad en el derecho civil, sino muy concienzudamente de asegurar que los árbitros de la contienda no tengan dudas ante los pleitos que se suscitan en sus tribunales de justicia.

España no es parca en ejemplos. Con el advenimiento de la Constitución Española (que no contó con la aquiescencia de Esquerra Republicana de Catalunya) algunos creyeron que se edificaba una nueva organización de justicia que asumía de pleno la plurinacionalidad del Estado. Agua de borrajas que Zapatero dejó entrever con claridad en el ocaso de su mandato, cuando hace escasos días respondía: la España plural es más España. Pues eso, más de lo mismo.

Así las cosas, qué duda cabe de que, para evitar cualquier desmán, sea necesario que quien resuelva el litigio sepa a todas luces quién representa a quién en la contienda.

De ahí la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut refrendado por la ciudadanía, en un caso insólito; jamás antes un tribunal había torpedeado la voluntad popular expresada democráticamente en un plebiscito siguiendo estrictamente la senda legal, la del mismísimo ordenamiento jurídico.

Tal vez por eso, Rubalcaba admita ahora -como siempre, a destiempo- que habrá que cambiar alguna ley para evitar que se repita una situación similar. Hace escasos días el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) daba la razón a un grupo de padres, en concreto tres, en su pretensión de obligar a escolarizar a los alumnos separándoles según su lengua, pisoteando las leyes aprobadas en el Parlament que cuentan, además, con un respaldo docente y social abrumador, amén de unos resultados que han merecido el reconocimiento de la Unión Europea. No podemos evitar a estas alturas la comparación: en Catalunya los tribunales amparan la demanda de tres personas contra la escuela catalana mientras en Valencia ignoran el clamor de decenas de miles de personas a las que se pone todo tipo de impedimentos para dificultar la escolarización en catalán.

Por no hablar ya de la persecución política y judicial contra la recepción de TV3 en València pese a que los repetidores fueron sufragados por suscripción popular. No hay problema alguno para ver Al-Yazira, pero no se ahorran medios para prohibir que miles de valencianos puedan cumplir su deseo de ver TV3. Habría que preguntarle a Zapatero si por eso entiende «Más España».

Por eso no debería asombrarnos la reciente sentencia en el caso de Arnaldo Otegi y el resto de encausados en el proceso. El nacionalismo español se ha enquistado en los aparatos del estado y se revuelve con nulo afán de justicia y mucho de Santiago y cierra España.

Es inverosímil que se proceda a condenar con un rigor implacable y con unos razonamientos harto paradójicos, a Otegi, Usabiaga y el resto de compañeros cuando son reconocidos, por todos, como los artífices de un proceso de paz que debiera finalizar con la disolución de ETA, un acuerdo razonable para los presos a imagen y semejanza del modelo irlandés y finalmente con el reconocimiento del derecho a decidir si es que planteamos ese contencioso en clave democrática. De ahí también la cerrazón a la intervención de observadores internacionales dispuestos a mediar en la resolución del conflicto, ajenos a tomar nota de ejemplos resueltos con éxito en otras latitudes. Spain is different.

En lugar de avanzar por esos cauces, el estado se enrosca y decide perseguir y encarcelar a los autores de un paso firme y valiente para la normalización política.

Si eso es todo lo que podemos esperar del Estado español, viene a cuento preguntarse qué interés tenemos, catalanes y vascos, en seguir formando parte de España, y cabe preguntarse, sin ninguna duda razonable, si éstos (por utilizar el verbo de Arzalluz) tienen alguna intención de seducirnos para su proyecto nacional más allá de convertirnos a la fuerza siguiendo el manual de antaño de la Santa Inquisición.

A qué esperamos para poner la proa rumbo a Europa sin rodeos y circunloquios por Madrid que nada bueno nos ha traído y desde donde, desgra- ciadamente, nada bueno tienen intención alguna de traernos.