Bizkaia achaca a los nuevos criterios de la CE la reclamación de los incentivos
La Diputación de Bizkaia manifestó ayer que su decisión de reclamar a las empresas la totalidad de los incentivos fiscales se debe a los nuevos «criterios de cálculo» utilizados por la Comisión Europea, diferentes a los de 2007. La nueva petición sería, por tanto, «cautelar».
Joseba SALBADOR | BILBO
El diputado foral de Presidencia de la Diputación de Bizkaia, Juan María Aburto, salió ayer al paso de las acusaciones vertidas un día antes por la patronal Confebask, que calificó de «desastre» tener que devolver los incentivos de las «vacaciones fiscales».
El portavoz de la Diputación atribuyó este hecho a «la nueva situación planteada por los tribunales comunitarios, que exige recuperar un mayor importe a las empresas». Según explicó, la Diputación ya recuperó en 2007 las ayudas declaradas ilegales, «conforme a la interpretación que realizó de los reglamentos comunitarios».
Después de cuatro años, sin embargo, la Comisión Europea ha presentado una demanda ante los tribunales comunitarios pidiendo que se exija a las empresas un mayor importe a recuperar, «como consecuencia de utilizar otros criterios de cálculo y bajo la amenaza de una multa multimillonaria contra las arcas públicas», indicó Aburto.
«Si las ayudas podían ser de hasta 100.000 euros y alguna empresa había recibido 120.000 euros, el criterio de la Diputación fue solicitar la devolución de los 20.000 euros, es decir, lo que excedía. Pero la Comisión entiende que hay que devolver el total», explicó Aburto.
Ante esta nueva situación, la Diputación de Bizkaia ha decidido, al tiempo de mantener la vía judicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, solicitar «de forma cautelar» a las empresas afectadas el reintegro de las cantidades de las ayudas «en base a los criterios de la propia Comisión y complementar de esta manera lo ya devuelto en el año 2007».
«Ocasionar el menor perjuicio»
Esta decisión tendría como objetivo «ocasionar el menor perjuicio posible a las empresas y a las administraciones públicas en el caso de que finalmente la sentencia no sea favorable a los criterios que defiende la Diputación de Bizkaia».
«No queremos correr el riesgo -dijo Aburto- de que sea la ciudadanía la que tenga que pagar una multa multimillonaria en base a los nuevos criterios establecidos por el señor Joaquín Almunia», vicepresidente de la CE y comisario de Competencia.
En el caso del territorio histórico de Bizkaia, Aburto desmintió que la cantidad a devolver sea de 400 millones y rebajó esa cifra hasta los 65 millones, al tiempo que las empresas afectadas serían 26. «Si al final del contencioso que seguimos, el alto Tribunal de Luxemburgo nos da la razón, esos importes serán devueltos a todas y cada una de las empresas», aseguró el portavoz de la Diputación.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) declaró ilegales en junio de este año las «vacaciones fiscales» de 1993 y en julio, las conocidas como «minivacaciones fiscales». Además, la Comisión pidió al tribunal que impusiera un multa millonaria al Estado español por no haber recuperado la totalidad de estas ayudas concedidas por las haciendas forales vascas.
Esta multa, cuyo importe sigue subiendo hasta que se recupere la totalidad de las ayudas, es, según explicó Aburto, de una cantidad fija de 40 millones de euros, más otra variable de 266.000 euros diarios, cerca de ocho millones por mes.
«Si las ayudas podían ser de hasta 100.000 euros y alguna empresa había recibido 120.000 euros, el criterio de la Diputación fue solicitar la devolución de los 20.000 euros. Pero la Comisión entiende que hay que devolver el total».
El portavoz de la Diputación aseguró que «si al final del contencioso que seguimos, el alto Tribunal de Luxemburgo nos da la razón, esos importes serán devueltos a todas y cada una de las empresas».
En el caso de Bizkaia, las empresas afectadas son 26 y el importe que faltaría de recaudar sería de 65 millones de euros. Según el portavoz de la Diputación, los otros 500 millones de euros corresponderían a Araba y Gipuzkoa.
La portavoz del Gobierno de Gasteiz, Idoia Mendia, pidió ayer a la Diputación de Bizkaia que «se aclare» y que diga la verdad en torno a las ayudas fiscales a empresas vascas concedidas en la década de 1990.
Mendia, en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, reconoció entender la «sorpresa» de la patronal Confebask, porque la Diputación de Bizkaia «lleva años diciendo que no había que preocuparse de nada, ya que se habían recuperado esas ayudas» y ahora «sorprende a todos diciendo que hay que devolverlas».
Pidió que «ponga fin a esta ceremonia de la confusión» y que diga exactamente «qué es lo que ha ocurrido y que se asuman las responsabilidades». Reiteró que después de veinte años, se sigue sin saber con exactitud «el número de empresas, la cuantía de las ayudas concedidas, lo recuperado y lo que falta por recuperar».
«Las diputaciones tienen que hacer sus deberes, impedir que siga aumentando el importe de la multa, y no jugar al gato y al ratón con la Comisión Europea», sentenció.
Por ello, anunció que van a analizar «empresa por empresa las repercusiones de esta gestión foral», con el objetivo de «contribuir a garantizar la continuidad de la actividad empresarial». GARA
