La polémica desatada en torno a las «vacaciones fiscales», de las que se beneficiaron decenas de empresas y que la Unión Europea ha considerado ilegales, está dejando al descubierto la inconsistencia argumental de aquellos que siempre las han defendido. Estas ayudas fueron un despropósito, en tanto que las diputaciones hicieron dejación de su función recaudatoria, mermando la capacidad de las arcas públicas y beneficiando a determinadas empresas sin contrapartida alguna. No fueron pocos los agentes que criticaron entonces aquella forma de actuar de unas instituciones que contaron con el beneplácito de quienes ahora se enzarzan en rifirrafes interesados.

PNV y PSE hicieron o dejaron hacer, en función de sus responsabilidades, y atajaron cualquier debate sobre este tema. Del mismo modo, a medida que iban llegando las malas noticias desde Europa, coincidieron en minimizar el alcance de una sentencia que ahora se ha descubierto como un gran problema. Es en este punto donde cabe preguntarse con cuál de las versiones que ha escuchado debe quedarse la ciudadanía. Con aquella que sostenía que un fallo contrario no iba a tener consecuencias, porque las ayudas ya habían sido devueltas, o con la que ahora expone la Diputación de Bizkaia, al cifrar en 65 millones la cantidad que deben devolver las empresas. Porque lo que se debe poner en cuestión no es el hecho de que las empresas beneficiarias repongan la cantidad que les corresponde, sino la credibilidad de unas instituciones que, además de actuar con gran torpeza, no han informado como debían.

Las «vacaciones fiscales» constituyeron desde el principio un error, una mala utilización de la capacidad fiscal de las diputaciones, de la que se benefició buena parte de la clase empresarial de este país. Ahora que la UE ha castigado ese error, no debe ser la ciudadanía la que pague por él, sino aquellos que sacaron beneficio. Pero tampoco debería obviarse la responsabilidad política de quienes hicieron posible el dislate.