La propuesta de Mahmud Abbas para el reconocimiento del Estado palestino como miembro de pleno derecho en la ONU en sus fronteras de 1967 ha generado la adhesión de buena parte de la sociedad de los territorios ocupados y la diáspora, así como el apoyo mayoritario de la comunidad internacional. Nuevamente, la foto de Nueva York será la de un Israel cada vez más aislado y enrocado, que se aferra a la protección de EEUU mientras repite unos llamamientos al diálogo en los que ya nadie puede creer.

Sin embargo, el plan Abbas para el Estado 194 también ha generado el debate en sus propias filas. En el fondo, la misma discusión que pervive desde hace años. Por una parte, Al Fatah y algunos socios de la OLP, que defienden la ofensiva diplomática. Por otra, Hamas y la Yihad Islámica. Entre ellos, toda una amalgama de grises donde destacan los «peros» de buena parte de la sociedad civil organizada, que han extendido la discusión a sus redes de solidaridad dispersadas por todo el mundo.

En realidad, nadie ha tomado un posicionamiento excesivamente claro. El «todo o nada» que ha caracterizado las divisiones de los últimos años ha sido sustituido por un escepticismo sólo roto por esporádicas declaraciones. Obviamente, Al Fatah, la formación de Abbas, es quien abraza la iniciativa con mayor entusiasmo. Pero a ellos también se le han sumado buena parte de sus socios de la OLP, con quienes comparten despachos institucionales. En este contexto, la izquierda ha mantenido una posición prudente e incluso se ha escuchado alguna crítica por parte de miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Todo el mundo sabe (también Abbas), que ninguna declaración significará la victoria inmediata. Aunque la indefinición en la que se ha movido la propuesta, de la que apenas se conocen detalles, ha dificultado la creación de un bloque del «no». En principio, y mientras que no suponga una pérdida de derechos ya reconocidos, todo lo que sea aceptación internacional se considera un avance. Pero los críticos creen que Abbas no ha dejado suficientemente claro cuál sería el papel de la OLP en caso de que Palestina fuese aceptada como Estado o en qué lugar quedarían los refugiados.

Este último argumento es el esgrimido por el sector que más se opone a la inicitiva, donde se encuentran la Yihad Islámica y Hamas (aunque estos últimos se habían mantenido hasta el momento en un laissez-faire con críticas esporádicas). A medida que se acerca la fecha del discurso, ambas formaciones han elevado su tono. Fawzi Barhoum, portavoz de la resistencia islámica en Cisjordania, denunció que Abbas no cuenta con el resto de partidos e insistió en que ellos «no toman parte» en una iniciativa que, a su juicio, implica la renuncia al derecho al retorno de los refugiados. La Yihad Islámica, a través de su portavoz, Daoud Shihab, aseguró que la propuesta no generará ningún beneficio para los palestinos. Sin embargo, no se puede olvidar que el «plan 194» ya estuvo presente en las conversaciones de mayo, cuando se llegó a un acuerdo nunca implementado para el establecimiento de un gobierno de unidad en Gaza y Cisjordania. Para no tensar la cuerda en la Franja, las dos principales formaciones han acordado no realizar ningún tipo de manifestación, ni a favor ni en contra del presidente de la Autoridad Palestina.

Paradójicamente, otro de los que se ha mostrado reticiente es el primer ministro palestino, Salam Fayyad. Aunque, en su caso, lo que teme el ex funcionario del Banco Mundial es que una postura que enfade a EEUU complique las cuantiosas ayudas que Washington destina a Ramallah. Un ejemplo de una situación confusa y que podría variar si la solicitud de Abbas se estanca en las oficinas del Consejo de Seguridad.

El último sector que ha manifestado sus «peros» sin llegar a oponerse frontalmente es la sociedad civil organizada. Grupos como el BNC (Comité Nacional de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones), Stop The Wall o Badil (de defensa de los derechos de los refugiados) han dejado claras sus líneas rojas: la OLP seguirá representando a los palestinos y los derechos de los exiliados son innegociables. Todas ellas, cuestiones que todavía están por explicar. Hasta que no se delimiten las consecuencias prácticas de la iniciativa, el debate seguirá basado en intuiciones.