La oposición de Tafalla, liderada por Bildu, está plenamente convencida de que la alcaldesa, Cristina Sota, tenía conocimiento (o al menos era su obligación tenerlo) de que su edil de Urbanismo había edificado sin licencia en un terreno rústico saltándose prácticamente todas las normativas e incluso hurtando terreno municipal. Este escándalo acabó con la dimisión del concejal Míchel Bañeros, pero tanto Bildu, como PSN e Iniciativa por Tafalla (IT) corresponsabilizaron a la alcaldesa.

Las sospechas de que Sota tenía conocimiento de la edificación ilegal se sustentan en una denuncia que emitió el Guarderío Rural, en la que se detallaban las numerosas irregularidades en las que había incurrido Bañeros en el terreno del que era copropietario junto a otros familiares. Se da la circunstancia de que Bañeros ya ejerció como concejal de Urbanismo durante la legislatura pasada (cuando llegó a emitir sanciones contra otros vecinos del pueblo por los mismos motivos que el incumplió). A pesar de la denuncia, Sota volvió a encomendar a Bañeros la responsabilidad de dirigir el área de Urbanismo tras las pasadas elecciones.

El pleno, celebrado el martes por la noche, fue duro. Durante la sesión, Sota casi perdió los papeles, cuando acusó a otra concejal ya que su familia también cometió alguna irregularidad urbanística en otra de las huertas de la ciudad. Mientras tanto, el portavoz de Bildu, Arturo Goldarazena achacó a la alcaldesa de ser «corresponsable y cómplice de lo sucedido» y consideró que el hecho de que Bañeros fuera reelegido para urbanismo supone un agravante. Cabe remarcar que hubo dos textos de reprobación, uno redactado por el PSN y el otro por Bildu, que fueron aprobados al votarse los unos a los otros. También les apoyó la edil de IT.