Efectivos de la Ertzaintza desalojaron ayer tarde a los miembros del comité de empresa de Esmaltaciones San Ignacio que se habían encerrado horas antes en una sala de reuniones de la fábrica, en el polígono industrial gasteiztarra de Jundiz, en protesta por el proceso de liquidación de la empresa que dejaría en la calle a 89 trabajadores.

La jueza de lo Mercantil de Gasteiz aceptó el pasado 12 de setiembre la solicitud de liquidación del negocio planteada por Esmaltaciones San Ignacio.

En la mañana de ayer se celebró en la fábrica una reunión entre los administradores concursales y los miembros del comité de empresa, que posteriormente informaron a los trabajadores del contenido de la reunión. A su término, varios representantes de los trabajadores decidieron permanecer en el interior de la sala en protesta por el anunciado cierre de la planta y por el impago de salarios de los últimos meses.

Hacia las seis de la tarde, la Ertzaintza entró en la planta para identificar a los miembros del comité encerrados y les advirtió de que serían desalojados si no abandonaban voluntariamente el encierro.

Al cabo de media hora, los miembros del comité fueron desalojados, al tiempo que los agentes prohibieron a los trabajadores que permanecían concentrados a las afueras de la fábrica formar grupos de más de 19 personas, bajo la amenaza de abrirles un expediente por no comunicar la celebración de la concentración.

Sueldos atrasados

Según informaron fuentes sindicales, en el encuentro mantenido con los administradores concursales, éstos se comprometieron a abonar la nómina de setiembre el próximo lunes día 3, aunque los trabajadores siguen sin cobrar las nóminas de agosto y una parte de la de julio. Según las mismas fuentes, también se comprometieron a presentar al comité las cuentas del grupo empresarial, tal y como se lo había reclamado el comité, que considera que la empresa es viable, tal y como lo demuestra el funcionamiento del resto de plantas.

Los trabajadores piden que se investigue el uso que dio la empresa a los 26 millones de euros de plusvalía que obtuvo del convenio urbanístico firmado en 2004 con el Ayuntamiento de Gasteiz y que, a su juicio, no se destinó a la planta de Jundiz, sino que fue invertido de forma «fraudulenta» en créditos para sufragar la nueva planta que Esmaltaciones creó en Marruecos, y que actualmente funciona a tres turnos.