Debate sobre el futuro de los presos políticos
El Pacto de Ajuria Enea acordó que el fin de ETA conllevaría la salida de todos sus presos
El ex lehendakari José Antonio Ardanza desvela en su libro de memorias que el Pacto de Ajuria Enea tenía un apartado no escrito en el que sus firmantes contemplaban incluso la excarcelación de los presos con «delitos de sangre».
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
José Antonio Ardanza desvela en su libro de memorias -que se puso a la venta ayer- que en las negociaciones del Pacto de Ajuria Enea, suscrito el 12 de enero de 1988, todos los partidos firmantes aceptaron la excarcelación de los presos de ETA cuando se produjera el fin de la lucha armada. Aquellos que no tuvieran delitos de sangre serían indultados, mientras que los que hubieran participado en atentados con muerte serían enviados al exilio en unos años.
Ardanza explica que fue el representante de Alianza Popular en la Mesa, Julen Gimón, quien puso la condición de que lo relativo a ese apartado no se hiciera público, aunque admitía que aquellas medidas era «servidumbres que exigía la solución del problema». El Pacto de Ajuria Enea fue rubricado por PNV, PSE, AP, CDS, EA y EE.
El ex lehendakari detalla que, aunque no se fijara por escrito, «contemplamos todas las posibilidades y analizamos las diferentes casuísticas que se po- drían presentar».
En el libro «Pasión por Euskadi», de editorial Destino, recoge que «en primer lugar, coincidimos en que [acabada la violencia de ETA] todos los procedimientos judiciales pendientes o en marcha se abordarían con celeridad, de forma que dieran lugar a sentencias firmes en un plazo razonable».
En tres a cinco años, al exilio
José Antonio Ardanza deja escrito que «para los casos en los que no hubiera delitos de sangre planteamos la concesión de indultos y la excarcelación inmediata de los penados».
A continuación, desvela que «para los condenados por delitos de sangre se acordó que, en un plazo de tres a cinco años, todos fueran excarcelados y enviados a vivir en el exilio durante un tiempo, y que el Estado se hiciera cargo de su atención».
El acuerdo contemplaba también que «tanto los indultados como los que algún día volvieran del exilio no deberían residir cerca de los lugares donde hubieran cometido sus atentados, a fin de evitar causar más dolor a sus víctimas y [para] no provocar situaciones contraproducentes».
Según recoge Ardanza en su libro, aunque «no era sencillo abordar este asunto porque todas las sensibilidades estaban a flor de piel», todos consideraban «inexcusable» adoptar esas medidas. Entendían que «cualquier escenario definitivo exigía que se resolviera también la situación de todos los miembros de ETA, se encontraran estos cumpliendo pena, en prisión preventiva, en la clandestinidad, huidos en el extranjero o confinados en otro país».
Concluye que «todos convenimos en ello, porque era difícilmente concebible que la herida pudiera quedar cerrada mientras hubiera en la cárcel militantes terroristas sin una expectativa de solución a su situación personal».
En todo caso, estos puntos nunca se hicieron públicos. El Pacto de Ajuria Enea se limitó en sus primeros años a apoyar las medidas de «reinserción» y luego dejó de hablar de los presos políticos.
Ante el revuelo formado por sus palabras en el acto de apertura del Año Judicial en la CAV, donde dirigiéndose a ellos de tú a tú reclamó a los militantes de ETA que anuncien su disolución y pidan perdón a las víctimas porque «el pueblo y la justicia sabrán reconocer ese paso y serán generosos», el fiscal jefe del TSJPV, Juan Calparsoro explicó ayer que se refería «al estricto cumplimiento de la legalidad vigente» y añadió que, de hecho, eso «ya se está aplicando» con disidentes de la organización.
Calparsoro declaró que «yo hablé de generosidad hacia los miembros de ETA, después de que hubieran disuelto la organización o se apartaran de ella y de que hayan pedido perdón a las víctimas, lo que se traduce en una serie de beneficios penitenciarios, libertades condicionales y reducciones de condena que están recogidos en el Código Penal». De hecho, continuó, «ya se está haciendo con etarras que están en Nanclares de Oca, que están saliendo de la prisión con tercer grado a pesar de tener un paquete de asesinatos encima» y lo han conseguido «porque se han apartado del terrorismo y han pedido perdón, y eso es el Código Penal», explicó.
Calparsoro aclaró que su alocución del lunes «no era un discurso jurídico, sino una intervención ante la sociedad vasca», representada en el Palacio de Justicia de Bilbo por sus instituciones, para dar «una visión optimista» ante la cercanía del fin de ETA», a cuyos militantes exigió el fiscal que «os disolváis y pidáis perdón a las víctimas».
«Se me puede alegar -concluyó- que como fiscal no soy competente para actuar con generosidad, pero sólo faltaba que la Fiscalía del País Vasco no pueda hablar», dijo recordando que también ha sufrido ataques de ETA. GARA
El ex vicepresidente y ex ministro del Interior y ahora candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció ayer que «hay quien ve una cierta paradoja» entre que el dirigente independentista Arnaldo Otegi «esté en la cárcel» y que la coalición Bildu sea legal.
Arnaldo Otegi fue condenado recientemente a diez años de prisión, al igual que Rafa Díez Usabiaga como «dirigentes de organización terrorista». Para otros tres compañeros -Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto- la pena fue de ocho años por «pertenencia».
La condena parte de una operación policial realizada el 13 de octubre de 2009, momento en el que el propio Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro del Interior y máximo jefe de las fuerzas policiales que detuvieron a Otegi y sus compañeros. Entonces declaró que «va a pasar una y otra vez. Mientras haya violencia ningún radical va a poder hacer política en este país, la Policía se lo va a impedir sistemáticamente». A lo que a continuación añadió que «en España se puede ser de derechas o de izquierdas, agnóstico o practicante, independentista o lo contrario. Lo que no se puede es defender esas ideas con la violencia, las bombas o el amedrentamiento. Eso la Policía no lo va a permitir»
Dos años después, y lograda la condena que buscaba con la operación policial que ordenó, Alfredo Pérez Rubalcaba afirmaba ayer en la entrevista en Telecinco que «es verdad que hay quien ve una cierta paradoja entre que Otegi esté en la cárcel y que una formación política que él, en principio, ayudó a crear pues sea legal, pero estas cosas pueden pasar».
Según Rubalcaba, «la justicia tiene mecanismos» y, por lo tanto, es preciso esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. «Ya veremos qué pasa con eso», concluyó.
No explicó si la solución que espera es que los condenados por haber propiciado el giro estratégico de la izquierda abertzale sean puestos en libertad, como reivindica la mayoría política y social de Euskal Herria, o si por el contrario la «corrección» a la que aspira es la ilegalización de Bildu, en consonancia con las revindicaciones que exponen estos días la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de los sectores más extremistas del PP. GARA
