Ramón SOLA

 

Con la adhesión al Acuerdo de Gernika, EPPK ha pasado el Rubicón y ha obligado también a que el PSOE tenga que «mojarse» en un debate que le resulta muy incómodo por debajo ddel Ebro (arriba, Patxi López ha dado un primer paso balbuceante). Rubalcaba fija posición (¿prenegociadora?) en que la amnistía no se contempla en la Constitución española. Eso es decir mucho y poco a la vez; en estas páginas ya se recordó que Londres nunca hizo una declaración oficial de amnistía, pero todos los presos irlandeses salieron a la calle..

Merece más atención la afirmación paralela del candidato de que ya hay un Código Penal que tiene ciertas previsiones para dar «salidas» a la cuestión. ¿De qué habla Rubalcaba? Para empezar, lo que llama la atención es que un texto tan básico se manosee sin cesar. El vigente fue aprobado en 1995 y ha sido endurecido a ritmo de ¡una reforma cada ocho meses! La última, en 2010, fue de nuevo para elevar las penas por «terrorismo». Y así, con ese Código en la mano la Fiscalía pide 33 años de cárcel por quemar un cajero en Barakaldo al mismo tiempo que en Iruñea la muerte de la joven Nagore Laffage se salda con una condena de 12 años y medio, casi tres veces menos.

Hecho este pequeño matiz, ¿a qué opciones del Código Penal apunta Rubalcaba? Cabe suponer que a artículos como el 90 –que establece la libertad condicional para quienes hayan cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta– o el 92 –que la extiende también a los enfermos o las personas de edad avanzada–. Sin embargo, el Estado español no sólo incumple el Código a diario con los presos políticos vascos, sino que ha añadido en la práctica artículos extras como la «doctrina Parot». Sólo con que aplicase estas leyes sin exigencias añadidas que no son penales sino políticas, cientos de presos quedarían automáticamente en la calle: a más de 70 se les ha alargado artificialmente la condena, en torno a un centenar más han superado los tres cuartos de la pena, casi una decena siguen entre rejas con enfermedades graves o incurables y otros diez están encerrados en sus casas en prisión atenuada, el número de presos de edad avanzada empieza a ser numeroso, y la aplicación abusiva de la prisión preventiva alcanza a decenas y decenas de vascos (algunos de ellos absueltos tras dos o cuatro años de espera). Pueden ir sumando...

 

Por tanto, no es extraño que el propio Gobierno español se esté haciendo finalmente un cierto lío: mientras el ministro de Justicia indique que la legalidad se aplicará cuando ETA se disuelva, la responsable de Instituciones Penitenciarias corre a matizar que ahora también cumplen la ley. Y a todo esto se le suman varias preguntas obvias que ya formulan expertos en Madrid. Por ejemplo: si el Código Penal se ha cambiado tantas veces en una dirección, ¿no se puede cambiar una sola vez en la otra? O ésta: puestos a hablar de «salidas» con las leyes actuales, ¿en qué norma pone que los indultos gubernamentales sean sólo para condenados por tortura y guerra sucia?