El Parlamento de Gasteiz, aprobó ayer iniciar los trámites para suprimir las sanciones a comercios por no rotular y atender en euskara. La proposición de ley del PSE fue respaldada por PP y UPyD. El PSE jamás ha cumplido el decreto que dispone esas sanciones, pues desde que accedió al Gobierno de Lakua, o las ha aplazado o se ha negado a aplicarlas. Justifican esa actitud y la iniciativa ayer aprobada con un supuesto rechazo a la imposición. Un discurso de apariencia democrática pero que choca de bruces con la realidad, una realidad que muestra una lengua de poder cuya imposición jamás cuestionan y otra que para sobrevivir necesita de especial protección de la Administración. El decreto que pretenden anular no había creado problema alguno, pero esos partidos están empeñados en dejar claro que la imposición del castellano es «normal», por habitual y antigua, y la presencia del euskara ha de ser testimonial y consentida. Por eso, resulta provocadora la intervención del parlamentario del PP Iñaki Oyarzábal sobre las «barbaridades» cometidas en nombre del euskara, algo que nada tiene que ver con lo debatido ayer pero que tiene su gracia aducirlo en defensa del castellano.